Presupuestos para antes del verano. Es el deseo del Gobierno. Pero con matices. Y esos matices tienen que ver con contar con el apoyo suficiente para aprobarlos. Unos apoyos que estarían condicionados por la fecha de las elecciones en Cataluña. Si son pronto, acabarían entorpeciendo la negociación. El Plan B del Gobierno, entonces, sería prorrogar los ya existentes, y ponerse a trabajar en los de 2021. De ser así, el conflicto de los funcionarios de prisiones seguiría alargándose
No se trata de una entelequia ya que el Gobierno ha adelantado a febrero un trámite parlamentario que se hace en julio (el techo de gasto para el año siguiente). Y ha sido aprobado.
Otra piedra más en el camino para que los funcionarios de prisiones consigan sus reivindicaciones tiene que ver con la situación económica. Las previsiones de crecimiento para la economía española han sido desinfladas por diferentes instituciones, desde la OCDE, hasta S&P, o Citigroup. Y a menor crecimiento, menor recaudación fiscal. Por no hablar del mayor gasto que puede conllevar destinar más dinero al coronavirus, o hacer frente a EREs derivados de una menor producción.
Marlaska podría volver a utilizar la excusa de tener un presupuesto prorrogado para frenar las reivindicaciones de los funcionarios de prisiones
Además, el Gobierno tiene todavía los deberes sin hacer en materia de ajuste estructural. Por tanto, su margen fiscal para realizar políticas expansivas es mínimo. Demasiados frentes para que los presupuestos sean expansivos. Los ministerios, incluido el de Interior, tendrán difícil elevar sus dotaciones.
FUNCIONARIOS DE PRISIONES FRENTE A MARLASKA
Las tensiones entre el titular de la cartera, Fernando Grande-Marlaska, y Podemos, por la política migratoria, tampoco aventura una solución al conflicto de los funcionarios de prisiones. Cierto que Podemos (como el resto de partidos) ha mostrado su apoyo al colectivo. Pero en Interior callan. Y, de momento, ganan la particular batalla con sus socios de Gobierno en otros frentes.
Antes de la formación del actual Ejecutivo, el ministro Grande-Marlaska puso como excusa el hecho de estar en funciones para no poder hacer frente a las reivindicaciones de los funcionarios de prisiones. También que no contaba con un presupuesto. Si no se aprueban los de este año, podrá seguir utilizando la misma evasiva. Así, por ejemplo, podrá seguir guardando en el cajón la promesa incumplida de los 123 millones de euros prometidos a repartir entre los años 2019 y 2020.
Pero detrás de estas cifras, tal y como adelantó MERCA2, hay otras que son las que frenan las reivindicaciones de los funcionarios de prisiones. Las nóminas de los cuerpos de seguridad del Estado son hacen dos paradas: Hacienda e Interior. Pero las de los funcionarios de prisiones tiene una parada intermedia: Administraciones Públicas.
Si se subiera el sueldo a los trabajadores de prisiones, otros funcionarios que están bajo el paraguas de Administraciones Públicas (extranjería, tráfico…) podrían estar tentados de solicitar la correspondiente equiparación salarial. Y eso supondría un gasto de unos 1.200 millones de euros.
Los antecedentes, además, no son buenos. Los Presupuestos Generales del Estado (PGE) que presentó el Gobierno socialista (y que finalmente no se aprobaron) suponían un récord de gasto: 325.000 millones. Un 5% más.
Por aquel entonces, la situación económica era diferente. España crecía más, y no había incertidumbres que han surgido y que frenarán los ingresos y pueden aumentar el gasto. Pero es que, en dichos presupuestos, los funcionarios de prisiones no sólo estaban aparcados en un segundo plano, sino que se les discriminaba entre ellos. El gasto de personal de los altos cargos se incrementaba un 90,3%, y a los funcionarios, un 4%.
