Repsol ha proseguido a lo largo de 2019 recortando su exposición patrimonial en Venezuela, situándola a cierre de año en apenas ya 239 millones de euros, lo que supone una reducción de casi el 50% con respecto a los 456 millones de euros a que ascendía a finales de 2018.
Según consta en el informe anual de la petrolera, esta exposición al país latinoamericano incluye fundamentalmente la financiación otorgada a sus empresas filiales venezolanas y esta reducción se explica por la existencia a cierre de 2019 de deudas comerciales, así como por la actualización del riesgo de crédito por la pérdida esperada correspondiente a deudas de la estatal PDVSA con entidades del grupo.
De esta manera, el grupo presidido por Antonio Brufau ha mantenido a lo largo del año pasado su estrategia de prudencia con Venezuela. De hecho, desde la exposición de 1.480 millones de euros con que contaba a cierre de 2017, el grupo ha llevado a cabo en los dos últimos ejercicios unos saneamientos de más de 1.240 millones de euros a este respecto.
En 2019 prosiguió la situación de inestabilidad política, recesión económica e inflación en el país, que prorrogó el Estado de Emergencia Económica. Asimismo, la producción petrolera se ha reducido significativamente en los últimos años y la divisa venezolana ha sufrido una importante devaluación frente al euro, aunque sin impacto significativo en los estados financieros de Repsol, dado que la moneda funcional de sus filiales en el país es el dólar americano, con excepción del caso de Quiriquire Gas.
PRESIÓN DE EEUU
Además, la presión de la Administración de Estados Unidos sobre las empresas con negocios, directa o indirectamente, con el Gobierno de Maduro se ha estrechado en los últimos tiempos y se han ampliado las sanciones contra Venezuela por el Ejecutivo de Donald Trump.
De hecho, a principios de esta semana el Gobierno de Estados Unidos decidió sancionar a la petrolera rusa Rosneft por operar en Venezuela y también ha advertido que vigilaría las actividades de otras empresas con el país latinoamericano, entre ellas Repsol.
En su informe, Repsol señala que ha adoptado las medidas necesarias para continuar su actividad en Venezuela, incluyendo la recepción periódica de crudo en pago de deudas, «con pleno respeto a la normativa internacional de sanciones» y destaca que está haciendo un seguimiento «constante» de su evolución y, por tanto, de los eventuales efectos que pudieran tener.
Repsol también indica que ha realizado una evaluación de la recuperabilidad de sus inversiones, así como del riesgo de crédito sobre las cuentas a cobrar a PDVSA, por lo que ha reconocido provisiones por el perfil de crédito de la estatal venezolana y por el deterioro del entorno de los negocios en Venezuela, afectando al valor de los instrumentos de financiación y cuentas a cobrar a PDVSA (-97 millones de euros), así como al valor de las inversiones contabilizadas por el método de la participación (-83 millones de euros).
