La vertiente social del nuevo Gobierno de España mantiene contrariados a los grandes señores del capital. La ambición recaudatoria, en especial la proveniente de las grandes corporaciones, los nuevos costes salariales o las limitaciones y nuevas exigencias a distintos vehículos de inversión centran la mirada del mercado. Aunque existe otra, que ha pasado desapercibida, que inquieta a los grandes fondos que invierten en España. Se trata de los nuevos planes que se barajan para enfrentar la pobreza energética en el país y el hombre que, según fuentes financieras, podría ejecutarlo: el nuevo ministro de consumo, Alberto Garzón.
La salida de Mariano Rajoy de La Moncloa, junto con el ascenso del PSOE, estimuló a los medios a ‘olvidarse’ de la pobreza energética que hasta ese momento parecía un problema prioritario. Pero, más a modo de reivindicación para el nuevo Ejecutivo, ha vuelto a escena. Uno de los motivos es que dicho indicador ha vuelto a crecer nuevamente en España, al pasar del 8% al 9,1%, mientras que en la Unión Europea se redujo del 7,8% al 7,3%, según los datos de Eurostat. Los nuevos datos son un abono perfecto para que un Gobierno que se considera social se ponga manos a la obra en materia de legislación. Más si cabe, si tiene en el otro bando un viejo enemigo al que gusta demonizar, las eléctricas.
Por ello, los analistas de las grandes firmas de inversión, que siguen el mercado eléctrico, reconocen que es «sorprendente» que el mercado «descarte los riesgos derivados de un posible aumento de las medidas contra la pobreza energética». Así, reconocen que al tratarse de una decisión «socialmente amigable», que es una de las prioridades del Gobierno, unido al hecho de que el actual bono social se financia a través de las empresas (no así el térmico que se paga vía Presupuestos) «no descartaríamos un aumento en el alcance del mismo para un número significativo de clientes».
Las eléctricas por su parte mantienen la prudencia y prefieren no manifestarse ante los rumores, puesto que «solo se trata de modelos estadísticos» y siempre hay que «cogerlos con pinzas». Desde el sector las voces son más críticas, ya que explican que dichas medidas son «perjudiciales» para los consumidores al subir el precio de la electricidad. Además, se asegura que abriría un debate complicado, «¿se podría hacer lo mismo con un supermercado? Es decir, obligar a regalar comida. Es un tema complicado», explican a Merca2.
ALBERTO GARZÓN, EL VERDUGO
El otro gran argumento en el que se basan las firmas de análisis es la irrupción de la figura de Garzón como ministro. «Su promoción [las nuevas medidas en materia de pobreza energética] podría provenir fácilmente del Ministerio del Consumidor (en manos de Alberto Garzón, un representante de Unidas Podemos)», se señala en un informe interno de JPMorgan. Al fin y al cabo, su misión (aunque no se conocen bien todavía sus competencias) aborda todo lo relativo a regulación en torno a los derechos de los consumidores. También, se hace hincapié en el perfil del político que, además, ha incorporado a su equipo otras figuras conocidas como Carlos Sánchez Mato, que era responsable de economía de IU, que siempre se ha mostrado a favor de incrementar el pago a las eléctricas.
Además, los analistas ven objeciones en el contrapeso que debería liderar la otra bancada del Gobierno, la socialista. En principio, la ministra de Energía y Cambio Climático, Teresa Rivera, estaría en contra de medidas como la anterior por dos razones: primero, porque tocar el mercado de la electricidad implica incumplir con la directiva de la Unión Europea. En segundo lugar, porque se articularía a través de su cartera e induciría a un aumento de la factura de la luz (al ser un mercado competitivo). Por ello, entienden que sería factible «verla oponerse a un aumento de los subsidios», pero el tema es más complicado, ya que también sería muy difícil de vender para el PSOE una oposición a una medida a favor de los más vulnerables.
EN EL PEOR ESCENARIO EL COSTE SUPERARÍA LOS 650 MILLONES
El coste del bono social se ha ido incrementando en los últimos años, debido a que es más visible (se apuntan más personas) y el precio de la electricidad ha crecido. Con ello, se ha pasado de los 194 millones en 2017 a acercase a los 300 millones, según los últimos datos publicados. Pero el incremento iría a más, aunque el volumen del coste varía en función del marco elegido. Así, los analistas de JPMorgan consideran que el escenario «más probable» es que el volumen de personas que se benefician del bono social pase de los dos a los 2,4 millones y que el descuento medio en la factura alcance hasta el 40%.
Aunque los analistas todavía manejan un escenario mucho peor para las eléctricas, que dispararía el coste por encima de los 650 millones de euros. Se trata de un marco en el las energéticas deberían no solo hacer cargo de la tarifa eléctrica, que llegaría a más de cuatro millones de clientes, sino también de la térmica de la que se beneficiarían un millón más. En este caso, el coste para Endesa ascendería a 211 millones, mientras que Iberdrola asumiría un coste de 196 millones, Naturgy pagaría 153 y EDP otros 29 millones.
