El dato es más que elocuente: nueve de cada diez españoles piden que se endurezcan las penas contra los okupas. Y es que los ciudadanos se sienten cada vez más desprotegidos ante la posibilidad de que su vivienda sea okupada durante su ausencia. Así lo han reflejado en un estudio del Instituto Sondea para Securitas Direct.
Por tanto, estamos ante una de las principales preocupaciones de los españoles porque este tipo de delito supone un grave problema para el que lo sufre. La razón estriba en la dificultad para exigir el abandono de la vivienda ocupada. Por eso, y según el estudio de Securitas Direct, el 93% de los españoles estima que es necesario implementar una normativa que respalde el desalojo inmediato para prevenir daños y otros problemas derivados de la ocupación.
Los españoles se sienten cada vez más desprotegidos ante la posibilidad de que su vivienda sea okupada durante su ausencia
La solución del problema tiene varias derivadas. Siete de cada diez encuestados consideran que la principal acción que llevarían a cabo en caso de verse afectados sería la de llamar a la policía. Uno de cada cuatro españoles, por otro lado, intentaría contratar a una empresa para que los echara a la fuerza. Un porcentaje similar intentaría echarlos por la fuerza con sus propios recursos. Y únicamente un 15% consideraría la opción de negociar con los okupas.
SECURITAS DIRECT Y LA PREVENCIÓN
En el estudio de Securitas Direct, los españoles también barajan diferentes opciones para evitar la ocupación. La preferida, y la que consideran como el método más efectivo, es la alarma conectada a una central receptora (31,7%). A continuación, la vigilancia privada (21,7%) y las puertas blindadas (19,9%). A bastante más distancia, las rejas (7,4%), las cerraduras electrónicas de puertas (6,6%), las cámaras de vigilancia (6,4%) y un perro que vigile la casa (6,1%).
Respecto a si está justificada la ocupación, y pese a la percepción negativa de la ocupación por parte de los españoles, y que seis de cada diez (58,4%) opinan que no está justificada en ningún caso, hay un porcentaje que sí podría aceptarla. Es la forma de pensar de un 41,5% de los ciudadanos, especialmente si las casas son de bancos (21,6%) o si hay niños pequeños y no se tienen recursos (17,8%).
También tiene justificación para el 13,9% cuando las casas son de las administraciones públicas; para el 12,4% si las personas no tienen alternativa; para el 12,1% si las casas están vacías o desocupadas; o para el 9,7% si las casas son de promociones que no se han terminado. El estudio de Securitas Direct ha sido realizado sobre una muestra de más de 2.000 individuos residentes en España de entre 30 y 65 años de edad.
