LaLiga ha vuelto al asalto en su cruzada contra las webs piratas que ofrecen partidos de fútbol gratis este fin de semana, pero en esta ocasión Telefónica, a través de sus marcas Movistar y O2, no ha bloqueado IPs para bajar el ‘soufflé’ reputacional surgido el fin de semana anterior, pero sí lo ha hecho Digi, que ha protagonizado la desesperación de sus clientes este domingo. Mientras, expertos en privacidad y ciberseguridad se organizan en internet para conocer el alcance de los daños a terceros provocados por los bloqueos hasta ahora, en lo que parece, según expertos juristas, podría ser el germen de una futura demanda colectiva contra la LiLiga y las telecos involucradas.
Internet, y muchos foros, han echado humo durante toda la semana ante la constatación de la guerra abierta entre LaLiga y la compañía norteamericana de plataformas de seguridad Cloudflare, que presta servicio a DuckVision, una plataforma que ofrecía deporte en vivo pirateado a más de 200.000 usuarios solo en España, pero que en el mismo «paquete» van muchas otras páginas web legales que utilizan Cloudflare como intermediario entre los usuarios y el servidor web.
«estamos en una fase en la que España tiene que transponer la legislación europea en lo que a las demandas colectivas se refiere, y si se consigue aglutinar un número de afectados importante, la demanda contra LaLiga y las telecos puEde ser muy relevante»
Desde Cloudflare han respondido que «LaLiga ejerce demasiado poder controlando el acceso a internet de millones de usuarios». Por su parte LaLiga ha acusado a la compañía de proteger a «criminales» y utilizar las webs legales como «escudos para lucrase con las páginas piratas».
Este fin de semana se han reproducido los bloqueos y este fin de semana han sido los usuarios de las redes de Digi los más afectados, ya que Movistar y O2 no registraron la multitud de incidencias y bloqueos de web oficiales, legales, tiendas online, etc. que se vieron afectadas durante la jornada futbolera del pasado 9 de febrero. Esto es debido a enorme daño reputacional que los cortes del servicio a web legales ha provocado a Telefónica y sus marcas la semana pasada. Este fin de semana no han querido arriesgarse más, porque incluso se llegaron a ver en las redes consignas como #BajaMovistar.
Sin embargo, los clientes a través también de las redes y los foros han echado humo explicando como desde el sábado a las ocho de la tarde, justo cuando comenzaban los partidos de fútbol de mayor interés, Digi volvía a bloquear IPs de Cloudflaire y de la plataforma para desarrolladores de código abierto GitHub, un servicio de Microsoft, que se utiliza para acceder a los canales de IPTV (Televisión por Protocolo de Internet). Orange y Vodafone, por su parte, han bloqueado también las direcciones IP pero únicamente cuando se accede a las mimas directamente desde un navegador, una acción más ajustada a la legalidad europea y española.
LALIGA Y UNA POSIBLE DEMANDA COLECTIVA
Los expertos juristas e informáticos hablan de que los bloqueos están rompiendo el principio legal de la «neutralidad de la red», y provocando importantes pérdidas económicas que alguien tendrá que pagar, tarde o temprano. Para ello ya se han producido interesantes iniciativas por parte de expertos en ciberseguridad y privacidad de nuestro país que están recopilando los casos de empresas y negocios afectados.
Y expertos juristas en derecho digital, como Javier Maestre, que explica cómo, en base al art. 138 de la Ley de Propiedad Intelectual, «el truco es el siguiente; el titular de los derechos acude a un Juzgado (…) plantea una demanda, no contra quien considera infractor de esos derechos (Cloudflare o los usuarios que hacen uso ilícito de sus servicios), sino contra los operadores de telecomunicaciones que dan acceso a internet, en una aplicación torticera y kafkiana del art. 138 LPI. Las operadoras se «allanan» a la demanda, es decir, reconocen y aceptan las pretensiones del demandante, y el juez concede las medidas».
Este jurista indica en un artículo que con «este truco, todos se guardan las vergüenzas unos a otros: Los demandantes: Nosotros solamente pedimos las medidas. Es el juez el que las acuerda. El juez: A mi me viene uno pidiendo una cosa, la parte demandada se allana. Tengo que conceder lo pedido. El operador: Tengo que hacer caso al juez».
Muchos expertos en ciberseguridad y privacidad, como Jaume Pons o el fundador del congreso de ciberseguridad Rooted, Román Ramírez, entre otros, están recogiendo todo tipo de casos de empresas y afectados de los bloqueos, y junto a otro muchos expertos, recomiendan cómo recopilar pruebas y evidencias de los efectos de los mismos. Según ha explicado Ramírez a MERCA2, «Tenemos bastante afectados identificados. El problema no es tanto el volumen, que hay mucho, sino cuantificar para concurrir en una denuncia». En estos momentos se continúa ordenando los impactos, para concretar más tarde quiénes denunciarán de manera colectiva y por cuántas cantidades en pérdidas.
«Tenemos bastante afectados identificados. El problema no es tanto el volumen, que hay mucho, sino cuantificar para concurrir en una denuncia»
Un experto jurista consultado por este medio, que prefiere mantenerse en el anonimato, reconoce que, en efecto, LaLiga y las telecos se enfrentan a muchas demandas o, incluso, a una gran demanda colectiva que puede acarrearles un importante problema económico cuando se cuantifiquen las pérdidas sufridas por los clientes de Cloudflare legales afectados. «El fin, que es legítimo, no justifica los medios utilizado por LaLiga en este caso», nos indica.
En su opinión, la sentencia de 2022, «habilita para hablar con el intermediario o increparle, pero no para cortar las IPs. Así, la demanda puede recaer en contra de los intermediarios», es decir de Telefónica, Vodafone, MasOrange y Digi. «Aunque podrían ir contra LaLiga también, por responsabilidad solidaria, porque las telecos actúan por requerimiento de LaLiga. Si están causando un daño a un tercero como consecuencia de su actitud, se les va a poder demandar por el artículo 1902 del Código Civil, por el que quien causa daño a otro está obligado a repararlo», añade el jurista.
Para ello tienen que acreditar ese daño que las telecos han causado en los cientos de páginas web que han estado paradas varios días, y después denunciarlo. «Ahora mismo estamos en una fase en la que España tiene que transponer la legislación europea en lo que a las demandas colectivas se refiere, y si se consigue aglutinar un número de afectados importante, y acreditar el daño, la demanda contra LaLiga y las telecos pude ser muy relevante«.
Según el jurista, al final lo que ocurre es que los perjudicados de empresas privadas, que estaban utilizando a un proveedor que desarrolla una actividad lícita y legal, pero que alguno de los clientes no lo hacen. Entonces estamos penalizando a todos, y el fin no justifica a los medios».
En su opinión, «LaLiga debería analizar en profundidad porqué la gente consume piratería, buscar soluciones no solo jurídicas, sino comerciales, y enfocar el problema de otra manera. Al sector del fútbol, que distrae a millones, se le ve como muy poderoso. Y para satisfacer ese ocio se pueden buscar fórmulas que abaraten su consumo sin dejar a nadie fuera», un poco como ocurrió con la piratería en la música a través de internet cuando surgió Spotify, que murió, y ya apenas existe esa piratería, o lo que ha ocurrido con Netflix, que si sigue subiendo precios, pude volver a fomentar la picaresca para hacerse con sus contenidos.
