La admisión a trámite de la demanda de ISDIN contra la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha generado un gran revuelo entre patronales y distintas plataformas de defensa del consumidor.
La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), que preside Miguel Ángel Feito, ex secretario de Estado con Felipe González, y dirige Esther Rodríguez Uceda, deberá responder en los tribunales a presuntas acciones de competencia desleal por uno de sus últimos estudios sobre protectores solares, publicado en marzo de 2024 por la propia asociación.
La demanda, admitida a trámite por los Juzgados de lo Mercantil de Madrid, según ha podido conocer MERCA2, hace referencia a estudios anteriores y denuncia una «persecución» de la organización de consumidores contra la compañía ISDIN desde 2019 por la publicación de «informaciones engañosas» para los consumidores. La OCU critica a ISDIN por acudir a la vía judicial «en lugar de aportar evidencias técnicas en el marco del debate científico».
En el relato de la demanda, ISDIN señala que el estudio de la organización de consumidores presentaba «errores metodológicos graves». En su escrito, «las consideraciones realizadas por la OCU en la Campaña de Solares sobre el factor UVA-PF del Producto son falsas y denigratorias».
No obstante, la demanda apunta que la OCU no atendió e hizo caso omiso de los ensayos e informes que ISDIN ponía a su disposición para poder demostrar los errores del estudio. Por ello puso en conocimiento de la organización presidida por Miguel Ángel Feito y dirigida por Esther Rodríguez Uceda una serie de comunicaciones, que también fueron desechadas, como la desautorización de la Agencia del Medicamento y Productos Sanitarios (Aemps), dependiente del Ministerio de Sanidad, sobre los estudios de la OCU y avalado los datos aportados por la compañía dermocosmética, según se indica en la demanda.
En el escrito, admitido por el Juzgado de lo Mercantil de Madrid se pide a la OCU la rectificación en los contenidos en la difusión del estudio y una indemnización por daños y perjuicios.
LA DEMANDA DE ISDIN CONTRA LA OCU
La información sobre la admisión a trámite de la demanda ha tenido una cierta repercusión en el sector. Según apuntan fuentes patronales, «es un secreto a voces que la OCU beneficia y degrada a marcas según intereses extraños». Además, sostienen que «es imposible contrastar sus informes» e incluso que sus «estudios que son un auténtico agüero negro».
Puestos en contacto con Facua, la organización dirigida por Rubén Sánchez, mantiene una cierta prudencia a la hora de valorar la admisición a trámite de la demanda de ISDIN contra la OCU, pero recuerda sus denuncias ante el Ministerio de Consumo, con Pablo Bustinduy (Sumar) al frente, sobre las presuntas irregularidades de la asociación presidida por Miguel Ángel Feito por los acuerdos y convenios firmados con empresas privadas.
Según denunció Facua, la OCU habría cobrado presuntamente comisiones de empresas o bien hace publicidad de las mismas a sus socios. Estos pactos supondrían un incumplimiento de la ley de consumidores, que estipula la prohibición de «percibir ayudas económicas o financieras de las empresas o grupo de empresas que suministran bienes o servicios a los consumidores o usuarios».
«No tendrán la consideración de ayudas económicas las aportaciones que se realicen en las condiciones de transparencia establecidas en esta norma y normas reglamentarias, no mermen la independencia de la asociación y tengan su origen en los convenios o acuerdos de colaboración regulados en este capítulo», indica la normativa vigente.
LA OCU Y LAS DENUNCIAS DE FACUA ANTE CONSUMO
La propia ley establece, además, la prohibición de «realizar comunicaciones comerciales de bienes y servicios. A estos efectos se entiende por comunicación comercial todo acto, conducta o manifestación, incluida la publicidad, no meramente informativa, que se relacione directamente con la promoción o venta de bienes y servicios».
La presunta irregularidad consiste en la captación de clientes para las empresas privadas a través de la asociación, una actividad prohibida por ley
Facua denunció en 2022, con Alberto Garzón en el Ministerio de Consumo, los convenios de la OCU con entidades privadas, hasta contabilizar un total de 47. Consumo abrió expedientes, pero sin concluir ninguno de ellos desde 2023. La presunta irregularidad consiste en la captación de clientes para las empresas privadas a través de la asociación, una actividad prohibida por ley.
Facua insiste en la expulsión de la OCU del registro oficial de asociaciones al promocionar en su web o en la contraportada de su revista la promoción. El supuesto modus operandi consiste en asustar al consumidor con la preocupación de los robos en viviendas para después invitarte a contratar una alarma y que si la contratas con una de las empresas asociadas a la OCU se obtendrá un descuento, por el que la asociación percibe su correspondiente comisión.
FACUA Y EL ‘CLUB DE COMPRAS’ DE LA OCU
Esta forma de proceder estaría «totalmente fuera del campo de actividad que debe llevar a cabo una asociación de consumidores». «Si eres una asociación de consumidores, tienes que ser independiente del mercado, independiente de las empresas, y tienes que trabajar para controlar a esas empresas, para denunciar sus abusos, para presionarlas, para que cumplan la ley, para que mejoren la calidad de su servicio, pero no para dedicarte a hacerles de captadora de clientes», resumen en Facua.
Según la denuncia de Facua, la OCU cobraría más cuanto mayor es el número de clientes que se suscriben al descuento promocionado, básicamente el mismo principio por el que se mueven otras asociaciones dedicadas a ser más un club de compras que una defensa del consumidor.
«La OCU debería haber elegido hace muchos años si dejaba de llamarse Organización de Consumidores y Usuarios o se llamase ‘Club de Compras OCU’», apostillan desde Facua. Así las cosas, los ingresos de la OCU no proceden única y exclusivamente de sus socios, como afirmó en 2013 en su web, sino también de comisiones de empresas privadas, perdiendo así su independencia.
