Este martes, el Gobierno, a través de su Delegado en Extremadura, José Luis Quintana, confirmó que la clausura de la central nuclear de Almaraz seguirá el curso establecido, recordando que las compañías gestoras firmaron en el año 2019, «libremente», el desmantelamiento escalonado de las plantas. Este planteamiento obvia un importante matiz, reiterado hasta el hartazgo por el sector en los últimos años: que las condiciones en que se está llevando a cabo el proceso no son, ni de lejos, las que se acordaron entonces.
LO QUE DICE EL GOBIERNO
Quintana declaró que «ninguna empresa» de la central nuclear de Almaraz ha solicitado la prórroga para continuar con su actividad más allá del calendario previsto, que resultará en el fin de la actividad de la instalación de mayor aportación al sistema eléctrico nacional, según los datos aportados por Centrales Nucleares Almaraz Trillo (CNAT).
Quintana, haciendo suya la postura manifestada previamente por la ministra del MITECO, Sara Aagesen, argumentó que el calendario de cierre de las centrales nucleares es algo «pactado» entre las empresas y Enresa, como compañía pública de gestión de residuos radioactivos, al tiempo que reiteró que el mismo permite un cierre «escalonado» y «ordenado».
Según el Delegado en Extremadura, esta región en particular y España en general han realizado un «gran trabajo» en implantación de energías renovables, de modo que «si esa energía no es renovable y las empresas no lo solicitan (la prórroga), pues está claro cuál es la posición» del Gobierno.
«la ‘Tasa Enresa’ viene a compensar los gastos que tiene la sociedad por todos esos residuos que se encuentran en las centrales nucleares»
José Luis Quintana, Delegado del Gobierno en Extremadura
La Empresa Nacional de Residuos Radiactivos (Enresa) es la compañía de titularidad pública encargada de gestionar la ‘basura nuclear’ producida por las centrales de fisión que aún operan en nuestro país. Esta entidad sufraga su actividad con los ingresos de la llamada ‘Tasa Enresa’, cobrada a los operadores de las plantas atómicas.
Quintana afirmó que, una vez cerrada la central, hay que seguir gestionando los residuos, por lo que la ‘Tasa Enresa’ «viene a compensar los gastos que tiene la sociedad por todos esos residuos que se encuentran en las centrales nucleares» y que «tienen un riesgo en los próximos siglos».
Sobre la petición de algunas asociaciones de bajar los impuestos, incidió en que «no son impuestos», sino «costes que tiene el mantenimiento, durante los próximos siglos, de los residuos: los residuos están ahí y hay que seguirlos gestionando y una vez que termina la vida útil de la central nuclear hay que seguir gestionando esos residuos», explicó.
LO QUE HA DENUNCIADO (VARIAS VECES) EL SECTOR NUCLEAR
Solo hay que tirar de hemeroteca para encontrar la refutación de Foro Nuclear a los planteamientos del Ejecutivo. Esta organización, que agrupa a las compañías gestoras de las instalaciones, ha denunciado en repetidas ocasiones que las condiciones que se están imponiendo desde Moncloa al proceso de clausura se parecen tanto a lo pactado en 2019 como un huevo a una castaña.
El 20 de enero, y con motivo de las manifestaciones contra el cierre de la central de Almaraz, Foro Nuclear envió un comunicado enfatizando que «la energía nuclear ha soportado en los últimos cinco años un incremento de la presión fiscal asfixiante».
«La carga tributaria específica soportada por el parque nuclear se ha incrementado en ese periodo un 70%, pasando de 16 euros por megavatio hora (€ MW/h) a 28 € MW/h, discriminando la generación nuclear frente a otras tecnologías y haciendo insostenible su viabilidad económica», abundaba el mensaje.
FORO NUCLEAR HA DENUNCIADO EN VARIAS OCASIONES QUE LA SUBIDA DEL 30% EN LA ‘TASA ENRESA’, DECRETADA POR EL GOBIERNO EL PASADO JUNIO, AMENAZA LA CONTINUIDAD DE LA OPERACIÓN DE LAS CENTRALES
«La presión fiscal que soporta la nuclear supone una losa para la competitividad de la generación nuclear en España y, por tanto, para su continuidad» -concluye Foro- «Ningún otro país con centrales nucleares, de nuestro entorno europeo, soporta estas desproporcionadas cargas fiscales».
Respecto a la ‘Tasa Enresa’, la organización presidida por Ignacio Araluce también se ha explayado largo y tendido sobre lo que considera un abuso por parte del Gobierno. En junio, y después de un carrusel de negociaciones, reestructuraciones y enfrentamientos con el sector que duró meses, el Ejecutivo tiró de ‘decretazo’ para modificar el gravamen, situándolo en 10,36 euros por megavatio hora (€ MW/h), un 30% más que los 7,98 € MW/h exigidos hasta entonces.
Foro reaccionó inmediatamente al anuncio del aumento advirtiendo que éste, junto con la «desproporcionada, discriminatoria y asfixiante carga fiscal» que soporta el parque nuclear español, «amenaza seriamente la continuidad de la operación».
SITUACIÓN LÍMITE
Ante esta tesitura, el sector de la energía nuclear ha decidido pasar de las palabras a los hechos, y hechos contundentes. El pasado 16 de enero, en el marco de un almuerzo informativo para medios, Ignacio Araluce, presidente de Foro Nuclear, advirtió que, de no aliviarse el cepo fiscal sobre las centrales de uranio, no se procederá a la renovación de licencias y, por tanto, la energía atómica se desvanecerá del mix energético.
en 2024 la nuclear, con un 19,57% del total, fue la segunda fuente que más aportó al conjunto del sistema eléctrico español, solo por detrás de la eólica (23%)
El aviso no es baladí habida cuenta que, según las cifras presentadas en el evento -recopilados por Foro sobre datos de Redeia– en 2024 la nuclear, con un 19,57% del total, fue la segunda fuente que más aportó al conjunto del sistema eléctrico español, solo por detrás de la eólica (23%).
«Este es un momento crucial» -declaró Araluce- «Sin una rebaja fiscal, no habrá renovación de las licencias que permiten la operatividad de las centrales y éstas se pararán». El presidente de la patronal nuclear recordó que, en la actualidad, la tasa Enresa le cuesta al sector un desembolso de 630 millones de euros al año, una cantidad a su parecer insostenible, que pone en riesgo la viabilidad económica de la actividad. Esta fiscalidad ha sido objeto de varios recursos ante el Tribunal Supremo interpuestos por la patronal.
