El guion era de sobras conocido y ha sido interpretado con fidelidad: el impuesto extraordinario a las energéticas -conocido popularmente como ‘impuestazo’– se ha ahogado en la orilla del Congreso de los Diputados. Este miércoles, la tasa, que el Gobierno mantenía viva mediante un decreto de respiración asistida, ha sido desenchufada de la existencia por el ala conservadora de la Cámara, formada por el PP, el PNV y Junts.
De este modo, el Ejecutivo dejará de ingresar alrededor de 1.100 millones de euros y se enfrentará, una vez más, a la ira de sus socios, que concedieron su apoyo a la reforma fiscal a cambio del mantenimiento de la polémica tasa.
Desde Podemos, Ione Belarra recordó que el Gobierno se comprometió públicamente, oralmente y por escrito con Podemos a que habría impuesto a las energéticas. Y el problema no es que nos estén traicionando a nosotras (sic)» -criticó- «El problema es que están traicionando al espíritu de la gente que les votó el 23 de julio del año 2023.
EL RECHAZO AL ‘IMPUESTAZO’ DEJA EN UNA COMPLICADA SITUACIÓN AL GOBIERNO, QUE SE COMPROMETIÓ CON SUS SOCIOS A PERPETUARLO A CAMBIO DEL APOYO A LA REFORMA FISCAL
Por eso, reiteró que Podemos no se va a sentar a negociar los Presupuestos Generales del Estado de 2025 hasta que estén cumplidos todos los acuerdos, especialmente el impuesto a las energéticas.
El problema, desde el punto de vista de Belarra, es que el Gobierno lleva un mes sin mover «un solo dedo» para aprobar este acuerdo. «El Partido Socialista es quien está representando en estos momentos los intereses de Repsol aquí. Es Pedro Sánchez quien está defendiendo los intereses de Repsol», ha criticado.
CRÓNICA (PARLAMENTARIA) DE UN ‘IMPUESTAZO’ DIFUNTO
Este desenlace había sido desvelado días antes del Pleno del Congreso de este miércoles, ya que el PNV y Junts habían dejado claro que no otorgarían su voto al gravamen.
De poco sirvió el encendido discurso de la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, quien defendió el carácter de «compromiso político» del ‘impuestazo’. Montero, asimismo, denunció el «posicionamiento político respecto a intereses», en una clara alusión a la supuesta influencia que ejercen en la Cámara Baja entidades como Repsol y Endesa.
«Se está intentando anular o retrasar los compromisos climáticos de los gobiernos; lo vieron ustedes en las primeras decisiones que tomó el presidente Trump»
María Jesús Montero, vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda
El Gobierno ha hecho «lo humanamente posible» por mantener el impuesto, recalcó Montero, quien comentó que «sería bueno que este país contara con un impuesto a las energéticas que tuviera en cuenta las inversiones que hay que hacer para la electrificación de la economía.
«Vemos cómo en todo el mundo se van abriendo paso cada vez más posiciones negacionistas de este cambio climático para dar marcha atrás a cualquier medida que implique descarbonizar la economía» -remató la vicepresidenta primera- «Se está intentando anular o retrasar los compromisos climáticos de los gobiernos; lo vieron ustedes en las primeras decisiones que tomó el presidente Trump».
EL CAMINO HACIA EL PLENO DEL MIÉRCOLES: DOS AÑOS DE POLÉMICA
Aprobado para los ejercicios 2023 y 2024 en el marco de las medidas extraordinarias para atenuar la crisis energética, el ‘impuestazo’ se aplica a compañías que superen los 1.000 millones de euros anuales. Fue concebido como un gravamen temporal, aunque acabó prorrogándose, lo que desató la ira del sector.
LAS GRANDES ENERGÉTICAS, AGRUPADAS EN TORNO al Club Español de la Energía (Enerclub), cifraban en 30.000 millones de euros las inversiones en transición energética que el ‘impuestazo’ ponÍA en riesgo
Tras un largo período de negociaciones entre el Gobierno y los gigantes del sector, parecía que el gravamen no sobreviviría a 2024. Sin embargo, el pasado noviembre resucitó cual ave fénix después de que Podemos obligara al PSOE a iniciar los trámites para hacerlo permanente a cambio de su apoyo a la reforma fiscal.
Como era de esperar, esta decisión supuso la reanudación de las hostilidades entre el Ejecutivo y las compañías del ramo. Iberdrola, Repsol, Moeve (antes Cepsa), Naturgy, Endesa, EDP, BP y TotalEnergies, agrupadas en torno al Club Español de la Energía (Enerclub), reaccionaron difundiendo un comunicado en el que cifraban en 30.000 millones de euros las inversiones en transición energética que el ‘impuestazo’ ponía en riesgo.
REPSOL SE ALZÓ COMO EL ABANDERADO DE LA LUCHA CONTRA EL GRAVAMEN, LLEGANDO A AMENAZAR con retirar las inversiones en nuestro país si el tributo no era revocado
Sin embargo, la oposición a este tributo tuvo un abanderado: Repsol. La petrolera dirigida por Josu Jon Imaz ha sido la más feroz opositora al ‘impuestazo’ desde su concepción, llegando a amenazar con retirar las inversiones en nuestro país si el tributo no era revocado.
El 19 de diciembre, el Pleno del Congreso aprobó, por mayoría absoluta, la derogación de la fórmula jurídica que permitía prorrogar el ‘impuestazo’. Al Ejecutivo no le quedó otra opción que prolongar su vigencia vía decreto y así ganar tiempo para recabar apoyos que permitieran su convalidación parlamentaria, posibilidad que se extinguió cuando el PNV confirmó su decisión de acabar con el gravamen.
