Las batallas por la competencia son siempre inclementes. La televisión y la publicidad han sido buen ejemplo de ellas. Por eso, el polémico expediente que ha abierto la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) a Atresmedia y Mediaset en febrero de 2018 más allá de sorprendernos, llama la atención por el tono, las formas y lo elevado de las sanciones.
El famoso “multazo” al duopolio mediático que ultima ya su resolución ha llenado páginas y páginas con las alegaciones de unos y otros en las últimas semanas, ha tenido que rebajar la calificación de “muy grave” a “grave”. Y lo ha hecho pese a dinamitar continuamente los intentos de diálogo con las dos empresas sancionadas para llegar a acuerdos que pudieran mejorar las prácticas publicitarias a futuro.
Pero este cambio en la intensidad de la terminología debido a que después de más de un año de investigación no se ha podido demostrar que ambos grupos se han unido para eliminar a la competencia televisiva. Pero curiosamente, parece que no va a afectar a las cifras millonarias que hay detrás de la sanción.
Hablamos de unos 43 millones de euros para el grupo liderado por Vasile (un 4,5 por ciento de la facturación al cierre de 2018) y otra cifra muy cercana para el de Silvio González. Pese a lo espectacular de la multa, se trata de una cifra bastante menor a la que se barajó en un primer momento y con la que se llegó a especular en torno al delirante 10% de la facturación de cada una de las empresas.
Este es, sin duda, un castigo “ejemplar” que se acerca en conjunto a la escandalosa cifra de 90 millones de euros. Las proporciones millonarias de la multa han hecho que una vez más haya dudas entre los propios consejeros de la CNMC. Y es que un sector de los consejeros y del Gobierno afirma sin dudarlo, que estas medidas son excesivas.
De hecho, si el expediente sancionador rubrica estas cantidades no sólo será la multa más elevada de la historia para una sanción “grave” sino incluso para las designadas como “muy graves”. Es decir, aquellas que efectivamente hubieran podido demostrar que ha existido colusión, un acuerdo entre dos o más partes para limitar la competencia.
HASTA EL ANUNCIO DE LA CNMC YA FUE POLÉMICO
La cita para la resolución tiene fecha electoral, y es que el regulador, con sorprendente celeridad, ha reiterado su intención de hacerla pública antes de las próximas elecciones del 10 de noviembre.
El origen del problema se encuentra en que Competencia considera probado que Atresmedia y Mediaset han limitado el margen de maniobra de las centrales de medios. Y lo han hecho al forzar compromisos que influyan para hacerse con un porcentaje de su inversión publicitaria anual. ¿Y cómo lo han hecho? Según el regulador haciendo necesario estos compromisos para poder acceder a importantes descuentos.
El pago de extraprimas y la famosa pauta única (la programación de cortes publicitarios en varios canales del grupo a la vez vendiendo paquetes conjuntos a los anunciantes) serían las otras causas de la polémica.
Esta sanción es un nuevo «castigo ejemplar» de un organismo que, lamentablemente, dista de serlo. Una parte significativa de sus sanciones son tan absurdas que son irremediablemente revertidas por la justicia
Desde las televisiones consideran que estas ofertas son una práctica habitual en el mercado, tanto en el audiovisual como el de casi cualquier otro sector, especialmente en los medios de comunicación. De ahí que rechacen completamente la acusación de que vulneran la Ley de Defensa de la Competencia.
En este sentido, parece que dentro de las salas que deben aprobar el informe de la CNMC la solución está lejos de ser unánime. Y es así porque la sanción, que depende del informe preceptivo de la ya famosa sala de Regulación, se ha echado para atrás hasta tres veces ya durante este mes.
La sala presidida por María Fernández, vicepresidenta del ente, aún no ha querido dar luz verde al famoso informe. Un informe que, pese a no ser vinculante, parece clave para justificar una decisión ejemplarizante en el sector.
Si lo que el cuestionadisimo presidente de la CNMC Marín Quemada, busca es difundir una imagen de unanimidad forzando un acuerdo, no hay duda que, una vez más, le está costando.
CNMC: ¿V DE VENDETTA?
La busca de la unanimidad parece a día de hoy compleja de lograr. Ayer publicaba el diario La Información que al menos dos de los cinco consejeros –la vicepresidenta Fernández y Benigno Valdés- no estarían de acuerdo con la sanción y el modo de actuación que estaba tomando el ente que representan. Está excesiva sanción se entiende como una «sobreactuación» cada vez más frecuente para que luego los resultados acaben quedando en nada. De hecho, hay incluso rumores sobre la posibilidad de que la vicepresidenta emita un voto particular, algo sin precedente hasta la fecha.
Así las cosas, es interesante analizar los motivos, e incluso quién está detrás de esta guerra publicitaria.
Según fuentes del sector, el expediente se abre empujado por la Asociación de pequeños operadores. Estos son los que animan a Marín Quemada (es relativamente fácil animarle al hombre) a tomar cartas en el asunto por un supuesto bloqueo de la actividad comercial. Estos anunciantes (que en opinión de algunos distan mucho de ser pequeños) es voxpopuli que vienen liderados por la figura Blas Herrero, propietario de KissFm.
Los rumores en la calle Alcalá hablan de un posible voto particular de la vicepresidenta de la CNMC, algo sin precedente
El regulador, apoyado por esta asociación y la asociación de televisiones privadas digitales, ha aprovechado para hacer evidente una vez más una animadversión que ya ha hecho pública en numerosas ocasiones. Es más, señalan, “parece que sólo se investigan prácticas que por otro lado han sido reguladas anteriormente por ellos, como el caso de la «pauta única«, que además está ya prácticamente retirada porque las condiciones del mercado se han modificado”.
En los grupos mediáticos sancionados existe perplejidad por el hecho de que no se investiga como esos pequeños operadores de televisión como el caso de DKISS incumplen efectivamente la ley al alquilar los canales, ya que el acuerdo de la cadena con Discovery lo que hace es “suministrar más del 90% de los contenidos como producción preferente”. Este es el caso también de otros grandes grupos de medios de comunicación como Vocento o Unidad Editorial, y sobre esto “siempre se ha hecho la vista gorda”.
Esta animadversión no sólo correspondería al siempre cuestionado Marín Quemada, que parece tener una singular prisa en multar al “duopolio” antes de las elecciones y de su propio cese en la entidad. En el sector se intuye la mano negra de quién le designó y se señala directamente a Carmen Martínez de Castro (ex Secretaria de Estado de Comunicación). Con ello se estaría bocetando una vendetta tras desencuentro con cadenas como Cuatro y La Sexta cuando ejercía su cargo en el Gobierno de Mariano Rajoy.
DUOPOLIO VS GENERADOR DE EMPLEO: EN BUSCA DE SOLUCIONES
Así las cosas, con la búsqueda de prácticas fraudulentas no demostradas, con la crítica de métodos publicitarios regulados previamente por Competencia y las acusaciones de mirar especialmente a unas compañías y olvidar a otras, la realidad es que en 2018 Mediaset y Atresmedia coparon con un 83 por ciento de la inversión publicitaria en televisión.
Queda entonces un 17 por ciento a dividir entre autonómicas, canales de pago y el resto de las teles locales y nacionales. Pero no se puede ignorar un hecho decisivo y es que los dos grupos gastan aproximadamente 900 millones de euros cada año sólo en contenidos frente a una pequeña cantidad de inversión que acumulan el resto. Fuentes del sector cifran la inversión en contenidos en menos de 20 o 30 millones. Real Madrid TV se podría gastar unos 15 millones aproximadamente, y en su mejor momento 13TV pudo invertir 5 millones al año. Años luz de los 450 millones que estarían invirtiendo respectivamente Atresmedia y Mediaset.
Todo ello sin citar el dumping denunciado por las grandes asociaciones publicitarias, del que se han aprovechado de las televisiones públicas y autonómicas para tener uno de los precios publicitarios más bajos del continente.
Por tanto, si no hay colusión que pueda probarse… ¿es razonable entender que quien invierte mil veces más acumule mayores cuotas de mercado? El álgebra básica parece indicarnos que es evidente.
¿Hay que castigar sin esperar a juicio las reglas del mercado en una carrera que no admite réplicas? La historia de la CNMC y sus temerarias sanciones revertidas una y otra vez por los tribunales responden por si solas a esa pregunta.
Y lo más importante… ¿en qué se beneficia el consumidor? Evidente una vez más, en nada.
El silencio parece hacerse tras esta última pregunta, sobre todo cuando jurídicamente parece difícil siquiera plantear que esto pudiera afectar de alguna manera al espectador.
Las empresas piden medidas cautelares a la espera de sentencia firme con una obviedad de educación general básica: no se puede regular un sector y después modificarlo
Hace ya meses que tanto Mediaset como Atresmedia intentaron buscar soluciones con la CNMC. Es decir, sentarse a negociar. Las conversaciones con la CNMC para explorar un posible entendimiento,se dieron repentinamente por finiquitadas cuando parecía que iban a lograr un acuerdo el pasado mes de mayo.
Según señalan fuentes del sector, es especialmente sangrante el hecho de que algunas soluciones expuestas por las empresas de acuerdo a las pretensiones de la CNMC eran más generosas que las planteadas por el ente regulador.
Sin embargo, el proceso se salda repentinamente con un rechazo fulminante por parte de la entidad presidida por Marín Quemada.
CONTINUARÁ…
Como si de una serie o película del grupo se tratara este conflicto promete un largo camino por delante. Si bien es cierto que en apenas unos días la CNMC quiere dar a conocer la cuantía de la multa y las medidas de cambio para regular el sector, este es un asunto que, tras la sobre actuación de la CNMC, en realidad se dirimirá en los tribunales.
Tribunales en los que no ha tenido mucha suerte el equipo de Marín Quemada. Y no la ha tenido porque los jueces sistemáticamente dan al traste con sus planteamientos habiendo revertiendo decenas de sus sanciones.
Tanto Mediaset como Atresmedia han anunciado ya la inmediata impugnación de cualquier veredicto de la CNMC. Es más, se han atrevido a señalar a sus inversores que no van a provisionar el dinero de la multa porque “vamos a ganar en los tribunales”. Y con franqueza, la estadística más elemental impide quitarles la razón.
El tiempo y los jueces determinarán quien gana esta última batalla. Una vez más, la crudeza de la realidad y la estadística están en contra de la CNMC. Lo que queda claro es que con un consejo que ejerce en funciones y con mandato caducado y más de una guerra sectorial abierta, la polémica es estéril y está servida. Una más dentro de un organismo regulador que, politizado, arrastra su prestigio día tras día.
Una buena campaña de comunicación es necesaria para vender las bondades de determinadas medidas. En este caso, la Comisión Nacional del Mercado de Comunicaciones necesita una campaña completa de lavado de imagen y tendrá que hacer muchos esfuerzos para mostrar que realmente se está preocupando por el mercado y el consumidor final. Y curiosamente, en esa campaña de publicidad y comunicación, quien mejor que Atresmedia y Mediaset para ayudarles. Ni esto Super López tiene buena puntería.
