Finalmente el Gobierno ha visto materializarse el peor escenario para su política fiscal: este jueves, el Pleno del Congreso ha aprobado, por mayoría absoluta, la derogación de la fórmula jurídica que permitía prorrogar el impuesto extraordinario a las energéticas, conocido popularmente como ‘impuestazo’.
El gran impulsor de esta ‘bofetada’ al Gobierno y sus socios ha sido el PP, que, gracias a su mayoría absoluta en el Senado, introdujo la revocación del gravamen en una enmienda a la reforma fiscal presentada en la Cámara Alta. El apoyo de independentistas vascos y catalanes en el Congreso ha hecho el resto.
Así, el Ejecutivo queda en una situación precaria frente a sus socios, que apoyaron la mencionada reforma fiscal a cambio de hacer permanente el ‘impuestazo’, que lleva prorrogándose vía decreto desde 2023. Este lunes, el Consejo de Ministros afrontará una carrera contrarreloj para salvar la tasa.
EL ‘IMPUESTAZO’, EN LA LONA
En concreto, la medida respaldada hoy por la Cámara Baja establece la derogación del artículo que regula la tasa, incluida en la ley por la que se crearon los gravámenes temporales energético y de entidades financieras y por la que se crea el impuesto temporal de solidaridad de las grandes fortunas.
Tanto el portavoz del PNV, Aitor Esteban, como la portavoz de Junts, Miriam Nogueras, han confirmado en los pasillos del Congreso que sus formaciones no apoyan esta figura del gravamen porque puede poner en riesgo inversiones en la industria energética. En el caso de los vascos, se suma el motivo de que su configuración actual como prestación de carácter no tributario impide a las haciendas forales recaudarla.
La derogación impide al Gobierno socialista cumplir el compromiso de prorrogar el gravamen, como había acordado con sus aliados de investidura. No obstante, el Gobierno piensa aprovechar el Consejo de Ministros del próximo lunes, el último del año, para aprobar el decreto ley prometido, con el fin de prolongar la vigencia del impuesto antes de que la reforma votada este jueves se publique en el Boletín Oficial del Estado (BOE), que será cuando no haya marcha atrás en la supresión de su base legal.
UN TRIBUTO COLMADO DE POLÉMICA
Aprobado para los ejercicios 2023 y 2024 en el marco de las medidas extraordinarias para atenuar la crisis energética, el ‘impuestazo’ se aplica a compañías que superen los 1.000 millones de euros anuales. Fue concebido como un gravamen temporal, aunque acabó prorrogándose, lo que desató la ira del sector.
Tras un largo período de negociaciones entre el Gobierno y los gigantes del sector, parecía que el gravamen no sobreviviría a 2024. Sin embargo, el pasado noviembre resucitó cual ave fénix después de que Podemos obligara al PSOE a iniciar los trámites para hacerlo permanente a cambio de su apoyo a la reforma fiscal.
DURANTE EL DEBATE PREVIO A LA DEROGACIÓN, REPSOL, LA MÁS FEROZ OPOSITORA AL ‘IMPUESTAZO’, HA SIDO CITADA VARIAS VECES COMO EJEMPLO DE LAS PRESIONES CORPORATIVAS SOBRE LA POLÍTICA FISCAL
Como era de esperar, esta decisión supuso la reanudación de las hostilidades entre el Ejecutivo y las compañías del ramo. Iberdrola, Repsol, Moeve (antes Cepsa), Naturgy, Endesa, EDP, BP y TotalEnergies, agrupadas en torno al Club Español de la Energía (Enerclub), reaccionaron difundiendo un comunicado en el que cifraban en 30.000 millones de euros las inversiones en transición energética que el ‘impuestazo’ pone en riesgo.
Sin embargo, la oposición a este tributo tuvo y tiene un abanderado: Repsol. La petrolera dirigida por Josu Jon Imaz ha sido la más feroz opositora al ‘impuestazo’ desde su concepción, llegando a amenazar con retirar las inversiones en nuestro país si el tributo no era revocado.
De hecho, durante el debate previo a la votación de este jueves, Repsol, más que ninguna otra compañía energética, ha estado presente en las intervenciones de los diputados, siendo citada con frecuencia como ejemplo de las presiones corporativas contra las políticas fiscales.
EL GOBIERNO TRANQUILIZA A SUS SOCIOS
A pesar del batacazo sufrido en el Congreso, el Gobierno ha enviado un mensaje claro a sus aliados: el ‘impuestazo’ no va a desaparecer. La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha aseverado que el decreto que prorroga la tasa se aprobará para dar cumplimiento al acuerdo con sus socios. «Lo traeremos, lo aprobaremos», ha dicho en los pasillos del Congreso.
Ante la oposición de Junts y PNV en la Cámara Baja, Hacienda planea una receta alternativa para consolidar el gravamen: ofrecer que el decreto se tramite después como proyecto de ley, de modo que se convierta en en un impuesto permanente. De este modo, confían en convencer a Podemos, que rechaza la temporalidad, y al PNV, que no rechazaría la medida porque la gestión del tributo correspondería a las haciendas forales vasca y navarra.
