Que dos multinacionales se alíen para construir una fábrica de baterías de más de 4.000 millones en tu país no es una mala noticia, especialmente si uno de los sectores productivos más importantes te está acusando de imponer una fiscalidad venenosa para los negocios. El megaproyecto de Stellantis y CALT en Zaragoza llega con un timing perfecto para el Gobierno, en pleno intercambio de golpes con unas energéticas soliviantadas por el ‘impuestazo’.
Este martes se confirmó que ambos gigantes industriales planean invertir hasta 4.100 millones de euros en una macroplanta de baterías en la capital aragonesa, dando un impulso a los esfuerzos de Europa para construir una cadena de suministro de vehículos eléctricos.
La fábrica en Zaragoza comenzará a producir baterías de fosfato de hierro y litio —también conocidas como LFP— a finales de 2026, según anunciaron la automotriz y la empresa china Contemporary Amperex Technology (CATL) en un comunicado conjunto. La instalación podría alcanzar una capacidad de 50 gigavatios hora (GW/h), suficiente para producir cientos de miles de baterías al año.
STELLANTIS Y CALT REACTIVAN LA INDUSTRIA EUROPEA DE BATERÍAS
El fabricante de Jeep, Stellantis, está «adoptando todas las tecnologías avanzadas de baterías disponibles para ofrecer productos de vehículos eléctricos competitivos a nuestros clientes», dijo su presidente, John Elkann.
El plan supone un impulso para Europa, que ha estado luchando por desarrollar una industria local de baterías capaz de romper el dominio de China en los vehículos eléctricos. La fabricante sueca de baterías Northvolt se declaró en bancarrota el mes pasado, y otros proyectos han sido retrasados o cancelados.
el megaproyecto de stellantis y calt evidencia que ESPAÑA ESTÁ TOMANDO LA DELANTERA COMO DESTINO DE LAS INVERSIONES EN ALMACENAMIENTO, GRACIAS A LOS MENORES COSTOS DE ENERGÍA
España, el segundo mayor productor de automóviles de Europa después de Alemania, está emergiendo como un ganador en algunas de las inversiones en baterías, gracias a ventajas como los menores costos de energía. La iniciativa de Stellantis y CALT en Zaragoza es un ejemplo de esta tendencia.
En un esfuerzo por fortalecer la cadena de suministro de vehículos eléctricos en España, el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, viajó a China en septiembre con el propósito de buscar respaldo para su sector automotriz. Rompiendo con la postura de la Unión Europea (UE), Sánchez expresó su oposición a los aranceles sobre los vehículos eléctricos chinos y pidió a los líderes europeos que reconsideraran su posición.
Por su parte, los fabricantes de automóviles chinos han estado buscando reforzar su presencia manufacturera en Europa para contrarrestar la presión fiscal.
LAS AYUDAS PÚBLICAS, UN FACTOR CRUCIAL
España financiará la planta de Stellantis y CATL con los fondos de recuperación de la UE, de los cuales nuestro país es el segundo mayor receptor. En total, el grupo Stellantis ha sido adjudicatario de casi 300 millones de euros, canalizados a través de convocatorias del Proyecto Estratégico para el Desarrollo del Vehículo Eléctrico y Conectado (Perte VEC).
Poco después de conocerse el acuerdo, el ministro de Industria, Jordi Hereu, destacó en rueda de prensa la importancia que han tenido las ayudas públicas para la decisión de ambas compañías de instalar la gigafactoría de baterías en Zaragoza.
«Con Stellantis hemos estado trabajando los dos últimos años. Ha habido diferentes convocatorias del Perte del vehículo eléctrico y por tanto hemos llegado finalmente a una suma de ayuda pública que ha hecho que Stellantis tomase la decisión. Pero es tan importante la decisión de Stellantis como el acuerdo que hoy ha habido de una joint venture con una de las empresas de procedencia china más importantes. De manera que nosotros lo valoramos como un paso muy importante en lo que es la estrategia de electrificación, de transformación de la industria del automóvil», añadió.
LA GIGAFACTORÍA CARGA DE RAZONES A SARA AAGESEN
El anuncio llega menos de una semana después de que Sara Aagesen, sucesora de Teresa Ribera al frente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), renovara ante los micrófonos de la Cadena SER el compromiso del Gobierno con la industria del almacenamiento: «Hemos salido de una reunión en la cual lanzamos una resolución de otros 45 proyectos de almacenamiento, más de 150 millones movilizados en el territorio», dijo el pasado jueves en el programa Hora 25.
En la entrevista también se abordó la polémica en torno al impuesto extraordinario a las energéticas, conocido como ‘impuestazo’, que el Ejecutivo ha aceptado hacer permanente a cambio de recibir el apoyo de sus socios para sacar adelante la reforma fiscal.
La oposición a ese tributo tuvo y tiene un abanderado: Repsol. La petrolera dirigida por Josu Jon Imaz fue la más feroz detractora del ‘impuestazo’ desde su concepción; y recientemente ha reactivado su amenaza de reducir su actividad inversora en España a consecuencia de la decisión del Gobierno de hacerlo indefinido.
«Las inversiones en nuestro país van a llegar y siguen llegando» -aseguró la ministra, quien se mostró confiada de que el «ADN español de Repsol» garantice la continuidad de sus inversiones en nuestro país. Hacerlo, dijo, no es solo una cuestión de «responsabilidad» sino de «oportunidad», ya que «muchas empresas quieren formar parte de nuestro sistema energético».
«No valen las amenazas, sino apostar por España, porque es una gran oportunidad», sentenció la ministra, que ha encontrado en el megaproyecto de Stellantis y CALT el respaldo perfecto a su postura.
