El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha impuesto multas a cinco aerolíneas de bajo coste por prácticas consideradas abusivas. Ryanair, Vueling, Easyjet, Norwegian y Volotea deberán hacer frente a sanciones que suman un total de casi 179 millones de euros. Estas sanciones, confirmadas por el ministro Pablo Bustinduy, marcan un hito al ser las primeras de esta magnitud impuestas por la Administración General del Estado en materia de consumo.
Ryanair, la aerolínea irlandesa, ha recibido la sanción más cuantiosa, con un importe de 107,7 millones de euros. Le sigue Vueling, con una multa de 39,2 millones de euros. Estas dos compañías concentran la mayor parte del importe total de las sanciones. Easyjet, por su parte, deberá abonar 29,09 millones de euros. Las sanciones a Norwegian y Volotea son de 1,6 millones y 1,18 millones de euros, respectivamente.
Las prácticas abusivas que motivan las sanciones
Las sanciones se fundamentan en prácticas que el Ministerio considera infracciones «muy graves» de la normativa de consumo. Entre las prácticas sancionadas se encuentran:
- Cobro de suplementos por equipaje de mano en cabina: Una práctica habitual de las aerolíneas de bajo coste que ha generado numerosas quejas por parte de los consumidores. Se considera abusivo cobrar un extra por un elemento que tradicionalmente se ha incluido en el precio del billete. Esta práctica, que afecta a la gran mayoría de los pasajeros, ha sido uno de los principales focos de la investigación.
- Sobrecoste por asientos contiguos para personas dependientes y sus acompañantes: Se penaliza el hecho de que las aerolíneas cobren un suplemento para garantizar que personas dependientes puedan viajar junto a sus acompañantes. Esta práctica se considera especialmente grave, ya que afecta a un colectivo vulnerable y limita su derecho a la movilidad. El Ministerio argumenta que garantizar la accesibilidad y la comodidad de las personas con discapacidad debería ser una prioridad y no una fuente de ingresos extra.
- Falta de opción de pago en metálico: La imposición de pagos exclusivamente con tarjeta se considera una limitación al derecho de los consumidores a elegir la forma de pago. Aunque el pago con tarjeta es el más extendido, la obligación de utilizarlo excluye a una parte de la población que no dispone de este medio de pago o prefiere utilizar efectivo.
- Cobro por imprimir la tarjeta de embarque: Esta práctica se considera un cargo adicional injustificado que encarece el precio final del billete. El Ministerio defiende que la tarjeta de embarque es un documento esencial para el viaje y su coste debería estar incluido en el precio del billete.
La investigación del Ministerio se inició en 2023 y culminó con la propuesta de sanción por parte de la Secretaría General de Consumo y Juego en mayo de 2024. Las aerolíneas presentaron recursos de alzada contra las sanciones propuestas, pero el ministro Bustinduy los ha desestimado, confirmando así las multas.
El cálculo de las sanciones se ha basado en los beneficios obtenidos por las compañías a través de estas prácticas infractoras, tal como establece la normativa de consumo. Este enfoque busca disuadir a las empresas de incurrir en prácticas abusivas al hacer que el coste de la sanción supere el beneficio obtenido.
Las sanciones incluyen, además de la multa económica, la prohibición expresa de continuar con las prácticas sancionadas. Esto significa que las aerolíneas deberán modificar sus políticas de equipaje, asignación de asientos y métodos de pago para adecuarse a la normativa de consumo.
La orden ministerial pone fin a la vía administrativa. Las compañías aéreas afectadas tienen ahora un plazo de dos meses para interponer un recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional. Si transcurrido este plazo no se presenta ningún recurso, la orden ministerial será efectiva y las aerolíneas deberán abonar las multas.
