Finalmente Podemos se ha salido con la suya y le ha arrancado al Gobierno un compromiso por la permanencia del Impuesto Extraordinario a las energéticas, el conocido comúnmente como ‘impuestazo’. De este modo, se abre la puerta a una reedición de la guerra política con el sector, que ha doblegado la presión sobre el Ejecutivo advirtiendo que la continuidad de la tasa pone en la cuerda floja miles de millones en inversiones de descarbonización.
Este jueves, la formación morada llegó in extremis a un acuerdo con el PSOE para impulsar una nueva proposición de ley que haga permanente el ‘impuestazo’ a cambio de su apoyo a la reforma fiscal. En concreto, el pacto recoge el compromiso de ambos partidos a conformar en los próximos días una comisión negociadora, en la que también estarán presentes el resto de socios del Gobierno, para trabajar en la futura proposición de ley.
Los grupos se han dado de plazo hasta el 31 de diciembre para acercar posturas en dicha comisión y sentar las bases normativas del gravamen. Si llegada esa fecha el PSOE no ha conseguido alcanzar un consenso con sus aliados parlamentarios para la redacción de la nueva regulación, los socialistas se han comprometido a aprobar un decreto ley que prorrogue el gravamen a las empresas energéticas para el año 2025, algo que Hacienda ya había prometido a ERC, Bildu y BNG.
SE CONFORMARÁ UNA COMISIÓN NEGOCIADORA ENTRE EL GOBIERNO EN SUS SOCIOS QUE TENDRÁ HASTA EL 31 DE DICIEMBRE PARA SENTAR LAS BASES REGULATORIAS DEL TRIBUTO, QUE PASARÁ A SER PERMANENTE
En cualquier caso, el acuerdo alcanzado habrá de ser compatible con «no gravar las inversiones que se comprometan con la descarbonización», en línea con lo que el PSOE pactó con Junts.
El ‘impuestazo’ a banca y energéticas ha sido motivo de fricción entre el Ejecutivo y las grandes compañías de ambos sectores durante años. Aprobado para los ejercicios 2023 y 2024 en el marco de las medidas extraordinarias para atenuar la crisis energética, se aplica a compañías que superen los 1.000 millones de euros anuales. Fue concebido como un gravamen temporal, aunque acabó prorrogándose, lo que despertó la ira de empresas como Endesa y, sobre todo, Repsol.
Parecía que el ‘impuestazo’ estaba en fase terminal después de que la formación independentista Junts se negara a apoyar el plan del Gobierno para mantenerlo. Sin embargo, los otros socios del Ejecutivo se cerraron en banda y al PSOE no le quedó más remedio que prometer a Sumar, Podemos, ERC, BNG y EH Bildu que prorrogaría vía decreto el tributo a las energéticas durante un año, así como impulsar la aprobación de su equivalente para la banca.
EL ‘IMPUESTAZO’ AMENAZA LAS INVERSIONES EN DESCARBONIZACIÓN
Es previsible que el acuerdo alcanzado con Podemos reavive el enfrentamiento del Gobierno con las energéticas, cuya oposición al gravamen ha conducido a una inesperada y colosal alianza entre los gigantes del sector. Esta misma semana, Iberdrola, Repsol, Moeve (antes Cepsa), Naturgy, Endesa, EDP, BP y TotalEnergies, agrupadas en torno al Club Español de la Energía (Enerclub), difundieron un comunicado en el que cifran en 30.000 millones de euros las inversiones en transición energética que el ‘impuestazo’ pone en riesgo.
El texto consensuado por las energéticas dice que para alcanzar los objetivos climáticos definidos en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) «se requiere de un proceso inversor perdurable en el tiempo que permita contar con las tecnologías, equipamientos y capital humano necesarios en toda la geografía española y en todos sus sectores económicos». Por ello, «resulta fundamental evitar la incertidumbre, promoviendo un entorno favorable basado en procedimientos normativos adecuados, seguridad jurídica y estabilidad regulatoria y fiscal para materializar los 308.000 millones de euros de inversiones estimadas, de las cuales, un 82% deben provenir del sector privado».
Iberdrola, Repsol, Moeve, Naturgy, Endesa, EDP, BP y TotalEnergies, agrupadas en torno a Enerclub, han cifrado en 30.000 millones de euros las inversiones que el ‘impuestazo’ pone en peligro
Los firmantes sostienen que «el compromiso de las empresas energéticas españolas en torno a la transición energética y la sostenibilidad es absoluto, como demuestra el esfuerzo inversor que viene realizando el sector». Por consiguiente, «prorrogar o incluir nuevas cargas impositivas a las compañías del sector energético dificultarán la materialización de las inversiones que es necesario llevar a cabo, estimadas en más de 30.000 millones de euros para los próximos tres años, así como el desarrollo y viabilidad económica y financiera de los proyectos».
De este modo, los ‘pesos pesados’ de la energía en nuestro país se sumaban al frente de Repsol, desde el principio la compañía más beligerante con el ‘impuestazo’. En su momento, la petrolera fue la primera en amenazar con detener su actividad inversora en España si el tributo no era revocado.
BANKINTER ES CLARO: «MALAS NOTICIAS»
En la víspera de la votación en el Congreso, Aránzazu Bueno, analista de Bankinter, calificó de «mala noticia» una eventual prórroga del ‘impuestazo’ y citó precisamente a la compañía dirigida por Josu Jon Imaz como la principal perjudicada: «Repsol es la energética más afectada por este impuesto».
En concreto, destaca el análisis de Bueno, la petrolera pagó 443 millones de euros en 2023 y 350 millones en 2024; mientras que Iberdrola pagó 216 y 160 ‘kilos’ respectivamente. Endesa, por su parte, abonó 208 millones en 2023 y 202 al año siguiente; y finalmente Naturgy pagó cerca de 300 ‘kilos’ en el conjunto de los dos años en que ha estado en vigor el impuesto.
En términos relativos, el ‘impuestazo’ representa el 17% del Beneficio Neto Actualizado (BNA) de Repsol estimado para 2024, el 11% para Endesa, el 8% para Naturgy y el 3% en el caso de Iberdrola. En los dos años en que ha estado en vigor, el gravamen ha supuesto un 5,7 % de la capitalización bursátil actual de Repsol, el 1,7% de Endesa, el 1,3% de Naturgy y el 0,4% de Iberdrola.
El sector sostiene que no hay justificación para mantener el ‘impuestazo’ en un entorno de precios de la energía claramente más débiles en comparación a cuando se puso en marcha en 2022, en respuesta a la crisis energética desatada por la guerra de Ucrania. Una afirmación que Bueno respalda con cifras: «La media del precio del pool en 2024 es 53,9 euros por megavatio hora (€ MW/h) frente a los más de 200 € MW/h que se alcanzaron durante la invasión de Ucrania», destaca el informe.
