Abertis ha presentado un expediente de regulación de empleo (ERE) que afectará a los 140 trabajadores de las dos autopistas que el próximo 31 de diciembre acaban su contrato de concesión y que tal y como se acordó con el Ministerio de Fomento, levantarán su peaje y volverán al Estado, según ha informado la empresa.
Este ajuste equivale a casi la mitad (el 46%) del total de 300 empleados que suman las dos vías, la autopista AP-4 entre Sevilla y Cádiz y el tramo de la autopista AP-7 entre Tarragona, Valencia y Alicante.
Los empleados afectados por el ERE son los vinculados a las labores de cobro de peaje, toda vez que está previsto que aquellos relacionados con el mantenimiento de la infraestructura se subroguen en el contrato de conservación que firme Fomento.
En concreto, en la AP-4 el ajuste afectará a 25 empleados, el 45,5% del total de 55 trabajadores con que cuenta la autopista, de 93,8 kilómetros de longitud.
En el caso de la AP-7 entre Tarragona y Alicante, el ERE incluye a 115 trabajadores, el 47% del total de 245 empleados de la vía, de 373 kilómetros de longitud sumando sus dos tramos.
Aumar, la sociedad filial de Abertis que tiene la concesión de las vías, ha comunicado ya el ERE a los trabajadores, con los que iniciará el preceptivo periodo de negociación.
Estas dos vías seguirán así la estela de la AP-1 Burgos-Armiñón, que el 1 de diciembre de 2018 se convirtió en la primera vía de pago construida en España que ponía fin a su concesión, levantaba las barreras de peaje y retornaba al Estado.
La reversión de las autopistas que concluyen su contrato de concesión tiene lugar en virtud de decisión del Gobierno actualmente en funciones de no prorrogar los plazos de concesión de este tipo de infraestructuras.
MÁS DE 20.000 USUARIOS DIARIOS
En el caso de la AP-4, la medida de suprimir el peaje beneficiará a los 25.200 vehículos que diariamente circulan por la autopista. En el caso de la AP-7, cuenta con 23.469 usuarios al día en el tramo entre Tarragona y Valencia, y otros 20.844 en el trazado entre Valencia y Alicante.
No obstante, el Estado pasará a realizar y pagar el mantenimiento de las autopistas, del que ahora se encarga Abertis, propiedad de ACS y Atlantia. Los contratos para realizar estos trabajos que Fomento ya ha sacado a concurso ascienden a 153 millones de euros.
La política del Ejecutivo en esta materia de autovía y autopistas se contempla con su voluntad de abrir un debate global para determinar un modelo de financiación de la red viaria del país, fundamentalmente para atender las necesidades de mantenimiento.
Para Abertis, primer concesionario de autopistas del país, la medida supone perder dos de sus principales activos en España. El grupo espera compensar su salida con la compra de una compañía mexicana de autopista que anunció recientemente.
