Novo Banco ha iniciado la tramitación de un nuevo Expediente de Regulación de Empleo (ERE) en nuestro país que afectaría a alrededor del 25% de su plantilla, 61 trabajadores, según fuentes cercanas a la negociación.
En un primer momento, el banco estableció la salida de 66 personas, si bien tras las negociaciones del periodo previo que establece el convenio colectivo de banca, el número de puestos afectados se ha visto reducido a 61.
Estando ya constituida la mesa negociadora, Novo Banco y las organizaciones sindicales contarán con 30 días por delante para pactar las mejores condiciones posibles para el 25% de la plantilla que tiene que salir de la entidad. El banco luso cuenta con unos 245 empleados en España.
Novo Banco justifica esta decisión en el desvío de los objetivos de su plan de negocio, que se «han ido al traste» debido fundamentalmente a que los tipos de interés se encuentran en mínimos y las ganancias, en este contexto, no prosperan.
La entidad portuguesa, surgida en agosto de 2014 y que aglutina los activos saneados del quebrado Banco Espírito Santo (BES), ya acordó un proceso similar en 2016 que afectó a 125 empleados.
LONE STAR Y EL ESTADO DE PORTUGAL, PROPIETARIOS DE NOVO BANK
El grupo portugués registró pérdidas de 1.412,6 millones a cierre de 2018 y decidió solicitar una inyección de capital de 1.149 millones al Fondo de Resolución, un organismo por el que el Estado posee el 25% de Novo Banco. El Fondo es financiado con aportaciones de entidades portuguesas, pero el Estado mantiene el papel de acreedor en última instancia.
Esta inyección se llevó a cabo a través del mecanismo de capital contingente, un instrumento incluido en el acuerdo de venta con el fondo estadounidense Lone Star (propietario del 75% restante de la entidad) y por el que en 2018 ya recibió otros 792 millones.
En marzo de 2017, el Banco de Portugal oficializó la venta del 75% de Novo Banco a Lone Star a cambio de que el fondo inyectase 1.000 millones de euros en la entidad. Unos meses más tarde, la Comisión Europea aprobaría los términos acordados al determinar que las medidas de apoyo previstas estaban en línea con las reglas comunitarias.
