El Gobierno ha aprobado un completo plan de ayudas para las zonas devastadas por la reciente DANA. Este plan integral incluye ayudas económicas, laborales y fiscales, además de la declaración de zona gravemente afectada por una emergencia de Protección Civil en las regiones más castigadas de la Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha, Andalucía, Cataluña y Aragón. Este paquete de medidas busca aliviar la situación de los damnificados, reconstruir las infraestructuras dañadas y reactivar la economía en las áreas afectadas.
Medidas fiscales y laborales
Entre las medidas más destacadas, se encuentra la suspensión del segundo pago del IRPF para los contribuyentes de la provincia de Valencia, la más perjudicada por la DANA. Esta medida beneficiará a 200.000 contribuyentes y se implementará de forma retroactiva, devolviéndose el importe a aquellos que ya hubieran realizado el pago. Además, el Gobierno estudia exenciones en el IBI y aplazamientos en el pago de otros tributos, siguiendo el modelo aplicado tras la erupción del volcán en La Palma.
En el ámbito laboral, se ha activado un «escudo laboral» que incluye la prohibición de despidos, permisos retribuidos para atender situaciones derivadas de la DANA (como el cuidado de familiares o la imposibilidad de acudir al trabajo por daños en la vivienda) y la priorización del teletrabajo. Se recupera el «Plan Me Cuida», implementado durante la pandemia, que permite reducciones de jornada para la conciliación familiar. Los empresarios se beneficiarán de medidas de flexibilidad en el pago de cotizaciones sociales. Se establece un subsidio extraordinario para empleadas de hogar y la interrupción de contratos temporales, garantizando la protección de los trabajadores.
Ayudas económicas, ERTEs y moratorias
Se ha creado una comisión interministerial para coordinar los esfuerzos de los distintos ministerios y la colaboración con las comunidades autónomas afectadas. El Gobierno valenciano ha estimado los daños en 2.600 millones de euros en infraestructuras, 10.000 millones en el sector industrial y 1.873 millones en educación y cultura. El Ministerio de Hacienda ha autorizado al Gobierno valenciano a realizar todos los gastos de urgencia necesarios sin límite de recursos, permitiéndole incumplir los objetivos de déficit marcados. Además, se han iniciado los trámites para solicitar la ayuda del Fondo Europeo de Solidaridad y otros recursos de apoyo de la Unión Europea.
Para autónomos y empresas, se han previsto medidas específicas: los autónomos afectados podrán solicitar la prestación por cese de actividad por fuerza mayor con carácter retroactivo y sin necesidad de cumplir con la cotización mínima habitual. Los días de prestación no se contabilizarán para futuras solicitudes y se computarán como cotizados. Se implementarán ERTEs por fuerza mayor, permitiendo la suspensión temporal de la relación laboral o la reducción de jornada, con exención del 100% de las cotizaciones a la Seguridad Social. Esta medida, que busca proteger tanto a los trabajadores como al tejido productivo, se puede solicitar a través del SEPE o llamando al 060.
El Consorcio de Compensación de Seguros está gestionando miles de solicitudes de indemnización, con la previsión de que los primeros pagos lleguen a finales de esta semana. Se han desplegado cientos de peritos en las zonas afectadas para agilizar las valoraciones.
El sector bancario, en colaboración con el Ministerio de Economía, ha propuesto una moratoria de hasta tres meses, ampliables, para préstamos hipotecarios, préstamos a particulares, autónomos y pequeñas empresas. Esta medida busca dar un respiro a los afectados y se está trabajando en su articulación legal. Adicionalmente, se está colaborando con el Instituto de Crédito Oficial (ICO) para diseñar nuevas líneas de financiación que faciliten la recuperación de las zonas damnificadas.
