lunes, 28 octubre 2024

Los funcionarios del Estado perciben 8.000 euros menos de media que sus homólogos en CC.AA. y ayuntamientos, según el CSIF

Equiparación Salarial: El coste para reducir la brecha entre trabajadores públicos

La diferencia salarial entre los empleados de la Administración General del Estado (AGE) y aquellos de las comunidades autónomas y ayuntamientos se ha convertido en un tema de gran preocupación. Según un estudio presentado por el sindicato CSIF, equilibrar estas disparidades podría costar hasta 1.487 millones de euros. Este artículo analizará en profundidad la problemática, las propuestas de solución y las implicaciones de una posible equiparación salarial.

La brecha salarial entre administraciones públicas

La situación es alarmante. Según el estudio de CSIF, los trabajadores de la AGE ganan, de media, 8.000 euros menos al año que sus colegas en otras administraciones, aunque desempeñan las mismas funciones. Esta desigualdad no solo afecta a los empleados del SEPE y de la Seguridad Social, sino también a un amplio grupo de funcionarios que, día tras día, ven cómo su trabajo se desvaloriza en comparación con el de otros sectores públicos.

El presidente de CSIF, Miguel Borra, enfatizó en una rueda de prensa que este desfase salarial se traduce en una pérdida aproximada de 20 euros diarios para los empleados de la AGE. Esta situación se ha mantenido durante años y se debe en gran medida a los recortes aplicados desde 2010, que han impactado significativamente en el poder adquisitivo de los trabajadores públicos, provocando una pérdida estimada del 15,9%.

Coste de la equiparación salarial

Resolver esta disparidad económica tendría un coste considerable, pero CSIF sostiene que es una carga asumible para el Gobierno. Según su estudio:

  • El ajuste salarial para el personal funcionario y estatutario podría costar más de 1.325 millones de euros, con una diferencia media de 8.690 euros anuales por empleado.
  • Para el personal laboral, el coste ascendería a 161 millones de euros, lo que implica una desigualdad de 7.380 euros menos por trabajador.

Si bien la cifra global puede parecer elevada, la organización argumenta que es un importe necesario para garantizar la justicia y equidad laboral en el sector público.

Propuestas de CSIF para la recuperación salarial

Durante la presentación del estudio, CSIF propuso un plan para equiparar los salarios en un período de tres años, distribuyendo el coste de la siguiente manera:

  • 2025: 744 millones de euros (50% del total).
  • 2026: 446 millones de euros (30% del total).
  • 2027: 298 millones de euros (20% del total).

Borra subrayó que no se trata de buscar un aumento de 1.487 millones de euros, sino de detener la pérdida crónica de este importe cada año. Esta propuesta se inscribe en un contexto de creciente inquietud entre los trabajadores públicos, quienes sienten que sus derechos han sido desatendidos.

Las consecuencias de la falta de acción

La falta de respuestas efectivas por parte del Gobierno ha llevado a una serie de consecuencias económicas y psicológicas para los trabajadores públicos. Las condiciones actuales no solo afectan la moral, sino que también generan una sensación de injusticia y descontento en el sector. Borra recalcó que esta inacción ha llevado a una pérdida de poder adquisitivo del 5% en los últimos dos años, consolidando un descenso del 20% desde la implementación del recorte salarial en 2010.

La situación es insostenible. La falta de acción política puede desembocar en la fuga de talento del sector público, ya que muchos profesionales podrían optar por buscar oportunidades en otras administraciones o incluso en el sector privado, donde las condiciones laborales pueden ser más atractivas.

La importancia de la negociación pública

El diálogo y la negociación son imprescindibles para abordar esta problemática. El acuerdo salarial firmado entre el Gobierno y sindicatos como CCOO y UGT ha sido catalogado como pésimo por muchos, y su caducidad en dos meses crea una urgencia que no se puede ignorar.

CSIF hace un llamado a las autoridades para que tomen acción inmediata y consideren las demandas de los trabajadores. La falta de respuesta, tal como se ha replicado en el pasado, no puede continuar. «Nos hemos cansado del silencio», reclama Borra, invocando la necesidad de un trabajo conjunto para buscar soluciones viables.


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