El Instituto Español de Analistas, asociación que agrupa a 1.400 profesionales del análisis, ha publicado una nota en la que examina las repercusiones del impuesto extraordinario sobre las entidades bancarias en España. El análisis alerta que esta medida podría restringir el acceso al crédito para las pequeñas y medianas empresas (pymes).
Impuesto y riesgo
En su análisis, el Instituto advierte del riesgo de que esta política fiscal desincentive la inversión y la innovación en el sector bancario, al reducir la capacidad de crecimiento orgánico del capital y dificultar la concesión de crédito, especialmente en tiempos de mayor incertidumbre económica.
La situación fiscal de España al igual que la de otras grandes economías de la UE es frágil y en este contexto es especialmente importante mantener la ortodoxia fiscal y evitar las medidas que expulsen al capital porque contravengan principios básicos de inversión, reduzcan la visibilidad o alimenten la desconfianza», señalan.
La situación fiscal de España al igual que la de otras grandes economías de la UE es frágil
Por ello, «cualquier distorsión o discriminación fiscal debilita el atractivo de un sector poniendo en riesgo su capacidad de atraer capital para crecer e innovar. Una fiscalidad mal planteada puede tener consecuencias difíciles de valorar en amplitud y profundidad».
En este punto, inciden en que «el capital privado sigue siendo un elemento crítico del sistema económico de nuestro entorno. Toda regulación y en especial las medidas fiscales debieran tener en cuenta los conceptos de rentabilidad y riesgo y no debieran penalizar el tamaño o la buena evolución de los beneficios». «En el caso de hacerlo debería tener en cuenta la rentabilidad sostenida, como métrica más relevante del buen desempeño de una actividad. La realidad es que los beneficios de una empresa pueden parecer abultados o experimentar una buena evolución y sin embargo ofrecer una rentabilidad poco atractiva», agregan.
negocio cíclico
En este análisis señalan que «negocio de la banca es cíclico y los riesgos que lo acompañan son muy considerables. Ninguno de estos factores debe ser ignorado por las políticas fiscales que se implementen». Partiendo de la base de que la perpetuación del impuesto es perjudicial para el sector, sus stakeholders y la economía española, y que la situación óptima seria su supresión, se considera que en el caso de que se perpetúe la Ley ésta debiera incorporar las recomendaciones del Banco de España, el BCE y el FMI sobre la conveniencia de que el gravamen tenga en cuenta el impacto del ciclo económico y el coste del riesgo», apuntan en el Instituto Español de Analistas.
La nota también destaca que «la aplicación permanente del impuesto podría provocar un efecto negativo en la valoración de los tres mayores bancos españoles del orden del 14%. Este efecto negativo en la valoración se derivaría principalmente de la mayor carga fiscal que el impuesto impone sobre el sector bancario, llevándolo en la práctica a un tipo efectivo del 35%, frente al 25% general aplicado a otras actividades económicas». El informe subraya que este tipo de medidas fiscales incrementa las dificultades para atraer capital y mantener la rentabilidad en un sector esencial.
Sobre el impuesto han hablado de nuevo las patronales del sector financiero. Las asociaciones bancarias AEB y CECA han expresado “su más enérgico rechazo por el impacto para el propio sector y para la economía española Si se mantiene esta iniciativa, España se convertiría en la única jurisdicción europea con un impuesto permanente de estas características, lo que constituye una desventaja competitiva para los bancos españoles y, por tanto, para el impulso de la economía, en un contexto en el que la banca española es el sector a nivel europeo que más impuestos paga.
“Además, supone un obstáculo para completar la Unión Bancaria y va en contra de las recomendaciones de instituciones como el Banco Central Europeo (BCE) o el Fondo Monetario Internacional (FMI) que desaconsejan estos impuestos porque desvían recursos que podrían utilizarse para reforzar el capital de los bancos y mantener el flujo del crédito a familias y empresas”.
Este tipo de gravámenes tiene un impacto directo sobre la capacidad de financiación de la economía real y, por ende, en la creación de empleo y en el crecimiento de nuestra economía. La recaudación del gravamen supone una merma estimada de 50.000 millones en España en la capacidad de financiación del sector bancario.
