Renfe ha modificado su política de indemnizaciones por retrasos, generando controversia entre los usuarios y organizaciones de consumidores. Esta nueva política, que entró en vigor el 1 de julio, limita las compensaciones a retrasos de al menos 60 minutos, eliminando las indemnizaciones previas por demoras de 15 y 30 minutos en los servicios AVE. El Partido Popular (PP) ha presentado una proposición no de ley en el Congreso para exigir al Gobierno la reversión inmediata de esta medida y la recuperación de las condiciones anteriores. Este debate abre un espacio crucial para analizar la calidad del servicio ferroviario en España y la protección de los derechos de los pasajeros.
La polémica de las nuevas indemnizaciones por retrasos
La nueva política de indemnizaciones de Renfe establece una devolución del 50% del importe del billete para retrasos iguales o superiores a 60 minutos, y del 100% para demoras que superen los 90 minutos. Esta modificación ha sido recibida con críticas por parte de organizaciones de consumidores como Facua y la Federación de Consumidores y Usuarios (CECU), que la consideran un empeoramiento significativo de las condiciones para los usuarios.
Facua ha calificado la medida de «inaceptable», argumentando que supone una «merma importante» en los derechos de los viajeros ante las demoras. La Federación de Consumidores, por su parte, señala que la nueva política implica una reducción en los compromisos de puntualidad, afectando negativamente la calidad del servicio. El PP se suma a estas críticas, denunciando el «perjuicio evidente» para los usuarios y exigiendo la restauración inmediata de las indemnizaciones por retrasos de 15 y 30 minutos. Este cambio en la política de Renfe plantea interrogantes sobre el equilibrio entre la eficiencia operativa de la compañía y la protección de los derechos de los pasajeros. ¿Es justificable reducir las compensaciones en nombre de la eficiencia? ¿O se trata de una medida que perjudica a los usuarios y deteriora la calidad del servicio ferroviario?
