El ‘tijeretazo’ que el Gobierno español ha dado a las energías renovables acaba de sumar un nuevo varapalo: el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (Ciadi) ha rechazado la solicitud de España de anular del laudo a favor de la alemana Steag por el recorte a las primas de las fuentes ‘verdes’. Una nueva bofetada añadida a las que ya habían mandado desde Bruselas y Washington.
La decisión del Ciadi, conocida este miércoles, confirma la obligación de nuestro país de indemnizar con 30 millones de euros a la empresa germana, que inició el proceso arbitral en 2015 reclamando una compensación de 79 ‘kilos’ y obtuvo un fallo parcialmente favorable en 2021.
El tribunal, conformado por Eva Kalnina (presidenta), Milton Estuardo Argueta Pinto y Ricardo Vásquez Urra, desestimó la petición del Ejecutivo español. El recurso del Gobierno pretendía anular el laudo condenatorio emitido a mediados de agosto de 2021, que reconocía las pérdidas sufridas por Steag a consecuencia de los cambios regulatorios y fiscales que se adoptaron entre 2010 y 2014.
LA JUSTICIA ESTADOUNIDENSE SE PRONUNCIA EN CONTRA DE ESPAÑA
Los últimos días de septiembre dejaron otro revés procesal para nuestro país: el Tribunal Federal estadounidense autorizó la ejecución de un laudo arbitral contra el Gobierno de España a favor de la japonesa JGC Corporation, otra de las empresas afectadas por la retirada retroactiva de las primas a las renovables.
La compañía nipona obtuvo una compensación de 23,51 millones de euros, más los intereses y costes legales, tras un proceso arbitral que se inició en 2015 y concluyó en 2021. El tribunal reconoció que los cambios regulatorios en el sector energético español violaron las condiciones de seguridad jurídica a las que se sujetó España al firmar el Tratado de la Carta de la Energía (TCE).
EN TOTAL, ESPAÑA TIENE ENCIMA 26 LAUDOS INTERNACIONALES QUE CONDENAN AL PAÍS A PAGAR UNA CANTIDAD CONJUNTA DE MÁS DE 1.500 MILLONES EN INDEMNIZACIONES
Pese a los argumentos esgrimidos por el Gobierno español, alegando la falta de jurisdicción del tribunal arbitral y la incompatibilidad del laudo con la legislación de la Unión Europea (UE), el tribunal estadounidense ha entendido que el laudo debe ser reconocido y ejecutado de la misma manera que una sentencia emitida por la Justicia del país norteamericano.
Además de las derrotas arbitrales frente a Steag y JGC, hay otros 24 laudos que condenan a España y siguen pendientes de pago. En total, las obligaciones ascienden a 1.562 millones en concepto de indemnizaciones, amén de otros 321 millones de sobrecostes derivados de los intereses de demora y las condenas en costas.
BRUSELAS CASTIGA LA LENTITUD REGULATORIA DEL GOBIERNO
El de las primas no ha sido el único asunto que ha traído problemas al Gobierno en este ámbito: también a finales del mes pasado, la Comisión Europea (CE) llamó al orden a Madrid por sus retrasos normativos. El Ejecutivo Comunitario anunció la apertura de un procedimiento de infracción contra España y otros 25 Estados miembros de la UE por no transponer a tiempo las normas acordadas para acelerar los procesos de autorización de proyectos de energía renovable.
La Comisión ha remitido cartas de emplazamiento a todos los países afectados, excepto a Dinamarca, que sí ha notificado la implementación completa de estas disposiciones antes de la fecha límite del 1 de julio de 2024.
España y los otros 25 países afectados ahora tienen dos meses para responder a la CE y subsanar las deficiencias señaladas. De no recibir una respuesta satisfactoria, la Comisión podría llevar a estos gobiernos ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).
Las nuevas normas tienen como objetivo simplificar y agilizar los procedimientos de autorización tanto para los proyectos de energía renovable como para la infraestructura necesaria para integrarlos en el sistema eléctrico. Además, se establecen plazos claros para los procesos de concesión de permisos, se refuerza el papel del punto de contacto único para las solicitudes y se establece la presunción de que estos proyectos son de interés público superior.
