El informe anual de la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación (OIRES), presentado ante el Congreso, revela datos cruciales sobre el estado de la contratación pública en España durante 2022. Este análisis, imprescindible para empresas que operan con el sector público, ofrece una visión detallada de la distribución de las licitaciones y su importe entre las diferentes administraciones: estatal, autonómica y local. La comprensión de estas cifras es fundamental para identificar oportunidades y desarrollar estrategias de negocio eficaces.
En 2022, se registraron un total de 183.277 licitaciones en España, lo que representa un volumen significativo de oportunidades para las empresas. Esta cifra se distribuye de la siguiente manera:
- Sector local: 91.754 licitaciones, representando más del 50% del total en número de contratos. Este dato resalta la importancia del mercado local para las pequeñas y medianas empresas (PYMEs), que a menudo encuentran en este ámbito un nicho de mercado más accesible.
- Sector autonómico: 49.774 licitaciones. Aunque menor en número, el sector autonómico concentra el mayor volumen económico, con un 40,39% del importe total. Esta diferencia se debe al mayor tamaño de los contratos licitados por las comunidades autónomas, generalmente enfocados en proyectos de mayor envergadura.
- Sector estatal: 41.749 licitaciones. El estado, a pesar de un menor número de licitaciones que las entidades locales, sigue representando una parte importante del mercado de contratación pública.
En términos económicos, las licitaciones de 2022 alcanzaron la impresionante cifra de 100.692 millones de euros. Este dato confirma la relevancia de la contratación pública como motor de la economía española. La distribución del importe por sectores se presenta así:
- Sector autonómico: 40.673 millones de euros. Este dato reafirma el liderazgo del sector autonómico en volumen de inversión, centrándose en áreas como infraestructuras, sanidad y educación.
- Sector local: 33.382 millones de euros. La inversión del sector local, aunque menor que la autonómica, sigue siendo sustancial y contribuye significativamente al desarrollo económico de los municipios.
- Sector estatal: 26.636 millones de euros. El estado concentra su inversión en proyectos de ámbito nacional, como defensa, infraestructuras estratégicas y servicios públicos esenciales.
Procedimientos y tiempos de tramitación en la contratación pública
El informe de la OIRES también analiza los procedimientos utilizados en la contratación pública y sus tiempos de tramitación. Esta información es clave para las empresas que desean optimizar sus procesos de licitación.
Según el informe, el 77,11% de la contratación pública se gestiona mediante dos procedimientos principales:
- Procedimiento abierto: Con un tiempo de tramitación medio de 156,04 días, este procedimiento garantiza la máxima concurrencia y transparencia, permitiendo la participación de cualquier empresa que cumpla con los requisitos establecidos. Sin embargo, su complejidad administrativa puede suponer un reto para las PYMEs.
- Procedimiento simplificado: Con un tiempo de tramitación medio de 98,97 días, este procedimiento está diseñado para agilizar los procesos de contratación, especialmente para contratos de menor importe. Su mayor sencillez reduce la carga administrativa para las empresas, facilitando su acceso a las licitaciones públicas.
Es fundamental que las empresas conozcan en detalle los requisitos y plazos de cada procedimiento para asegurar una gestión eficiente de sus licitaciones. Además, la planificación anticipada y la correcta preparación de la documentación son cruciales para maximizar las posibilidades de éxito.
La digitalización de los procesos de contratación pública es una tendencia en alza que está contribuyendo a la simplificación y agilización de los trámites. Las plataformas electrónicas de contratación ofrecen mayor transparencia y accesibilidad a la información, facilitando la participación de las empresas en las licitaciones.
Además, la creciente importancia de la contratación pública innovadora abre nuevas oportunidades para las empresas que desarrollan soluciones tecnológicas avanzadas. Este tipo de contratación permite a las administraciones públicas incorporar soluciones innovadoras para mejorar la eficiencia y la calidad de los servicios públicos.
