El Tribunal de Cuentas ha concluido que la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) se ajustó a la normativa en la tramitación de los 3.256 millones de euros que concedió en la pandemia para rescatar a empresas cuyo negocio se vio afectado por esta excepcional circunstancia. Este informe de fiscalización de la actuación de la SEPI en el procedimiento de aprobación de operaciones de respaldo público temporal del fondo de apoyo a la solvencia de empresas estratégicas, que se desarrolló para combatir los efectos de la crisis del Covid-19 entre 2020 y 2022, arroja importantes detalles sobre cómo se llevó a cabo este proceso.
Según la fiscalización, las ayudas se concedieron a tenor de 13 criterios de elegibilidad prefijados por la Comisión Europea, y la institución pública aplicó «adecuadamente» la normativa en cuanto al cumplimiento de estos requisitos y a sus condiciones de financiación. Sin embargo, el fondo de apoyo contaba con un presupuesto total de 10.000 millones de euros y recibió 74 solicitudes de apoyo financiero temporal por importe de 5.393 millones, el 53% del importe total. Finalmente, el total de operaciones aprobadas ascendió a 3.256 millones, el 32,5% de la dotación del fondo, pero en el proceso cayeron dos proyectos y la cifra definitiva que se desembolsó fue de 2.681 millones (el 27% de lo ofertado).
Empresas Turísticas y Aerolíneas, Principales Beneficiarias
De las 30 empresas beneficiarias, doce eran empresas turísticas, siete industriales, cinco del sector de ingeniería, cinco líneas aéreas y una del sector servicios. La cuantía media de las ayudas solicitadas fue de 72,8 millones de euros, lo que indica que «en su mayoría, las empresas de gran tamaño no recurrieron a este apoyo financiero». Algunas de las empresas beneficiarias mencionadas en el informe son Air Europa, Plus Ultra Líneas Aéreas, Duro Felguera, Tubos Reunidos, Hotusa, Grupo Wamos, Air Nostrum y Volotea.
Seguimiento y Reintegro de las Ayudas
El calendario de pagos previsto hasta la finalización de la vigencia del Fondo tiene en cuenta la capacidad de recuperación de las empresas. Así, será a partir de 2026 y hasta 2029, cuando se produzca el grueso del reembolso de las ayudas concedidas. El informe también concluye que SEPI elaboró un procedimiento para tramitar las solicitudes «ajustado a la normativa y garantista» para la valoración de las solicitudes y, para ello, se apoyó en la contratación de asesores externos tal y como estaba previsto en la normativa reguladora del fondo de apoyo.
Sin embargo, el Tribunal de Cuentas también recomienda que se apruebe una normativa que regule con claridad las decisiones a adoptar por el fondo de apoyo en el seguimiento de las operaciones de financiación y que SEPI elabore un procedimiento que le permita realizar una imputación de costes al fondo en virtud de criterios técnicos y objetivos. Estos aspectos serán clave para garantizar la transparencia y eficiencia en la gestión de este importante mecanismo de apoyo a empresas estratégicas.
