La situación de la vivienda en España ha sido un tema recurrente en la agenda política de los últimos años. Las declaraciones de la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, sobre la posible retirada de fondos estatales a las comunidades que no apliquen la Ley de Vivienda, han generado una fuerte reacción por parte de la oposición.
La vicesecretaria de Desarrollo Sostenible del Partido Popular (PP), Paloma Martín, ha calificado estas declaraciones como «irresponsables y populistas», exigiendo a la ministra una «rectificación inmediata». Según Martín, las amenazas de Rodríguez son «sin sentido» y «faltan a la verdad».
La decisión de aplicar la Ley de Vivienda, una potestad de las comunidades
Martín ha recordado que la decisión de aplicar o no la Ley de Vivienda es una atribución propia de las comunidades autónomas, ya que es una «decisión potestativa y legal» el hecho de no acogerse a declarar Zonas de Mercado de Tensionado (ZMT) para luego intervenir el mercado.
La popular ha señalado que incluso comunidades gobernadas por el PSOE, como Navarra, Castilla-La Mancha y Asturias, «cumpliendo la ley, no han declarado ZMT». Según Martín, «si las comunidades vulneraran la legislación, se activarían todos los mecanismos para que se cumpliera, pero no es el caso».
El Gobierno socialista, responsable del empeoramiento de la situación de la vivienda
Para la vicesecretaria del PP, las comunidades autónomas no han aplicado el Índice de Precios de los Alquileres porque «conocen la realidad y saben que intervenir el mercado agravaría la situación de la vivienda en España».
Además, Martín ha acusado al Gobierno socialista de haber empeorado la situación de la vivienda, «de tal forma» que se han alcanzado récords históricos en los precios de los alquileres, se ha convertido a los jóvenes en «dependientes habitacionales» y los ocupas tienen más derechos que los propietarios.
En resumen, la vicesecretaria del PP ha criticado duramente las «amenazas» de la ministra de Vivienda, calificándolas de «irresponsables y populistas», y ha exigido una rectificación inmediata. Además, ha defendido que la decisión de aplicar la Ley de Vivienda es una atribución de las comunidades autónomas, y ha acusado al Gobierno socialista de empeorar la situación de la vivienda en España.
