En un momento en que la crisis de la vivienda se ha convertido en una preocupación apremiante para miles de españoles, especialmente los jóvenes y las poblaciones vulnerables, la respuesta del Gobierno ha sido un tema de gran interés público. La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha abordado este asunto de manera frontal, defendiendo las medidas adoptadas por el Ejecutivo.
La Condicionalidad de los Recursos Públicos
Montero ha rechazado la noción de que condicionar los recursos que el Estado otorga a las comunidades autónomas en materia de vivienda a que éstas cumplan con la ley aprobada por el Gobierno sea un «chantaje». Según la ministra, si alguien considera esto una «condicionalidad o chantaje», entonces tiene «un problema político» y no ha entendido por qué la vivienda se ha convertido en «un auténtico problema» para los ciudadanos, que el Gobierno está decidido a abordar junto a otras administraciones.
En este sentido, Montero ha advertido a la Junta de Andalucía que no puede «pretender no cumplir la Ley de Vivienda» o llevarla al Tribunal Constitucional (TC), cuando la falta de una vivienda digna es un problema que afecta a miles de andaluces. Según la vicepresidenta, los recursos públicos destinados a la política de vivienda deben tener como objetivo facilitar que los jóvenes y las personas vulnerables accedan a un alquiler asequible o puedan comprar una vivienda en condiciones que no hipotequen su futuro.
Los Dos Modelos de Política de Vivienda
Montero ha contrastado el modelo de política de vivienda del Gobierno de «progreso» con el del Partido Popular (PP). Según la ministra, el Gobierno de «progreso» considera que la vivienda debe ser «un derecho de los ciudadanos y convertirse en el quinto pilar del Estado del bienestar», de modo que el alquiler sea asequible para las personas de bajos ingresos y la compra de una vivienda no suponga un alto porcentaje de los ingresos familiares.
En cambio, Montero ha afirmado que el modelo del PP se basa en la «liberalización del suelo, de la especulación, y de dejar que el mercado se regule», lo que ha llevado a «una situación en la que, desgraciadamente, se encarecen los precios de la vivienda y nadie hace nada». Según la vicepresidenta, esta situación requiere «actuaciones públicas que permitan modularlo».
El Papel del Gobierno Central
Finalmente, Montero ha querido dejar claro que la política de vivienda «reside en la comunidad autónoma» y que el Gobierno de España está «multiplicando los recursos, sin competencia para ello, justamente para dar más dinero a ayuntamientos y a comunidades» para resolver un problema que afecta a «muchísima gente.
En resumen, la posición del Gobierno en torno a la crisis de la vivienda se caracteriza por una firme defensa de la necesidad de garantizar el acceso a una vivienda digna como un derecho ciudadano, y por una disposición a condicionar los recursos públicos a fin de que las administraciones autonómicas cumplan con las medidas adoptadas por el Ejecutivo central en esta materia.
