La decisión del tribunal federal estadounidense de autorizar la ejecución de un laudo arbitral contra el Gobierno de España a favor de una de las empresas afectadas por la retirada retroactiva de las primas a las renovables, se ha convertido en un nuevo revés judicial para el país.
En concreto, la japonesa JGC Corporation obtuvo una compensación de 23,51 millones de euros, más los intereses y costes legales, tras un proceso arbitral que se inició en 2015 y concluyó en 2021. El tribunal reconoció que los cambios regulatorios en el sector energético español violaron las condiciones de seguridad jurídica a las que se sujetó España al firmar el Tratado de la Carta de la Energía (TCE).
España pierde capacidad de frenar las reclamaciones en tribunales internacionales
Pese a los argumentos esgrimidos por España, alegando la falta de jurisdicción del tribunal arbitral y la incompatibilidad del laudo con la legislación de la Unión Europea, el tribunal estadounidense ha entendido que el laudo debe ser reconocido y ejecutado de la misma manera que una sentencia emitida por la justicia del país norteamericano.
Esta decisión refuerza la capacidad de los inversores afectados para hacer valer sus derechos en suelo estadounidense y abre la puerta a nuevos procedimientos de embargo similares a los que ya afectan a España en Bélgica y Reino Unido. De hecho, el proceso de identificación de activos embargables ha aflorado bienes por valor de más de 5.000 millones de euros.
Creciente presión internacional sobre España por incumplir laudos arbitrales
Además del caso que afecta a JGC, hay otras 25 laudos que condenan a España y siguen pendientes de pago. En total, las obligaciones ascienden a 1.562 millones en concepto de indemnizaciones, amén de otros 321 millones de sobrecostes derivados de los intereses de demora y las condenas en costas.
Ante esta creciente presión internacional, los afectados reclaman al Gobierno de España «una salida negociada que acabe con los incumplimientos, permita reactivar la inversión ‘verde’ en España y ponga fin al bochorno internacional provocado por los embargos. No obstante, en una reciente decisión, el Tribunal Superior de Justicia de Inglaterra y Gales ha levantado el embargo sobre el derecho de usufructo de Aena sobre el aeropuerto Luton, en Londres, tras las reclamaciones de NextEra Energy.
