La Comisión Europea ha dado un paso importante al iniciar un procedimiento de infracción contra España por el incumplimiento de la directiva comunitaria que establece el pago de la asignación por las dos últimas semanas del permiso parental. Esta directiva, que entró en vigor en julio de 2019, buscaba lograr la igualdad entre hombres y mujeres en el mercado laboral y facilitar la conciliación de la vida laboral y familiar de los trabajadores.
Si bien los Estados miembro tuvieron hasta agosto de 2022 para transponer la mayor parte de las disposiciones de la directiva, el plazo para el pago de las dos últimas semanas del permiso parental se extendió hasta agosto de 2024. Según informa la Comisión Europea, España ha incumplido el plazo para comunicar la transposición completa de este último elemento, lo que ha llevado a la apertura de este procedimiento de infracción.
La Gravedad del Incumplimiento y las Posibles Sanciones
El inicio de este procedimiento de infracción es el primer paso formal en un proceso sancionador que podría tener serias consecuencias para España. Tras recibir la carta de emplazamiento, el Gobierno español tendrá dos meses para tomar las medidas necesarias y corregir la irregularidad. Si no lo hace, la Comisión Europea podrá enviar un dictamen motivado, dando algo más de tiempo al diálogo antes de decidir si llega a la tercera y última fase: denunciar a España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
Según informaciones previas, si el incumplimiento persiste, la multa impuesta a España podría ascender a al menos 7 millones de euros, y esta cifra podría aumentar aún más. Esto demuestra la gravedad con la que la Comisión Europea está tomando este asunto y la importancia que otorga al cumplimiento de la directiva sobre conciliación laboral y familiar.
La Importancia de la Transposición Completa de la Directiva
La directiva sobre conciliación laboral y familiar es un elemento clave para avanzar hacia la igualdad de oportunidades y trato en el mercado de trabajo, así como para facilitar que los trabajadores puedan equilibrar sus responsabilidades laborales y familiares. Al no haber transpuesto completamente esta normativa, España se arriesga a enfrentar serias sanciones y a quedar rezagada en la implementación de medidas que beneficiarían tanto a empresas como a trabajadores.
La Comisión Europea, al iniciar este procedimiento de infracción, demuestra su firme compromiso con la aplicación efectiva de esta directiva en todos los Estados miembro. Esto envía un claro mensaje a los gobiernos sobre la importancia de cumplir con los plazos establecidos y transponer íntegramente las disposiciones comunitarias destinadas a promover la conciliación de la vida laboral y familiar.
