La industria turística española se enfrenta a una creciente preocupación debido a la inminente entrada en vigor en octubre del nuevo registro de viajeros contemplado en el Real Decreto 933/2021. Este cambio normativo ha generado una ola de reclamos y cuestionamientos por parte de las principales organizaciones empresariales del sector.
El Consejo de Turismo de la CEOE, uno de los principales órganos representativos de la industria turística española, ha manifestado su «profunda preocupación» ante la implementación de esta medida. Según la entidad, la nueva normativa podría tener «consecuencias negativas significativas» para el sector turístico nacional, debido a lo que consideran como una regulación de «imposible cumplimiento».
Incompatibilidad con Normativas Europeas
Una de las principales objeciones del Consejo de Turismo de la CEOE es la posible incompatibilidad de esta nueva regulación con la normativa de la Unión Europea. Señalan que el registro de viajeros podría vulnerar los principios de proporcionalidad y minimización establecidos por las regulaciones comunitarias sobre protección de datos y privacidad.
Además, el Consejo considera que el Real Decreto 933/2021 implica una «injerencia significativa» en los derechos de privacidad de turistas y usuarios, al tiempo que carece de la «concreción y claridad necesarias» para evitar vacíos legales, generando «inseguridad jurídica».
Desafíos Operativos y Administrativos
Según la entidad empresarial, la nueva normativa ignora las complejidades operativas de las empresas afectadas, que «se enfrentan a dificultades para recopilar los datos exigidos antes de la prestación de los servicios». Esto las expone a «importantes sanciones» por la imposibilidad de cumplir con estas obligaciones, con las consecuentes repercusiones operativas y reputacionales.
Asimismo, el Consejo de Turismo de la CEOE destaca la falta de adecuación tecnológica para cumplir con las obligaciones de registro y comunicación, pues la plataforma necesaria «no está plenamente operativa», lo que «redunda sobre la incertidumbre jurídica, la imposibilidad de cumplimiento y añade probabilidad de riesgos operativos y reputacionales para los sujetos obligados.
Llamado a la Acción
Ante esta situación, el Consejo de Turismo de la CEOE insta a las autoridades competentes a tomar en consideración una serie de medidas, entre ellas, la revisión del Decreto «para alinearlo con las normativas europeas sobre protección de datos y derechos fundamentales», así como su adecuación a la realidad operativa del sector turístico, «evitando desventajas competitivas para las empresas españolas».
La preocupación generada por esta nueva normativa se ha extendido más allá de las fronteras españolas, con organizaciones turísticas europeas como ECTAA, ETOA, Ruraltour y Hotrec expresando su «oposición, alarma y desconcierto» ante la inminente entrada en vigor del Real Decreto 933/2021. Estas entidades consideran que la medida elevará los costos del sector y se traducirá en un incremento del precio de las vacaciones.
