La noticia publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) este viernes, 20 de septiembre, ha revelado una situación crítica para los centros de depilación láser y medicina estética Único. Las empresas propietarias de esta cadena de establecimientos, entre las que se encuentran Gavia Asesores, Gavia Asesores Médico, Mosea Investments, Gavia Asesores Ayala, Gavia Tenerife y Gavia Londres, han sido declaradas en concurso de acreedores.
Esta declaración de concurso voluntario, emitida por el Juzgado de lo Mercantil número 18 de Madrid, implica la disolución de las sociedades y el cese de los administradores, quienes serán reemplazados por una administración concursal. Este hecho supone un escenario de gran incertidumbre y preocupación para los consumidores que han realizado tratamientos con estas empresas.
Impacto en los Consumidores y Medidas de Protección
El concurso de acreedores afecta a un total de 115 centros de depilación láser y medicina estética bajo la marca Único, de los cuales el 78% son centros propios y el 22% son franquiciados. Si bien el concurso involucra solo a los centros de titularidad propia, la organización de consumidores Facua-Consumidores en Acción advierte a los afectados que deben identificar en sus contratos con cuál de estas empresas realizaron la contratación.
En este contexto, se insta a los acreedores, es decir, a los consumidores que hayan realizado pagos por tratamientos no disfrutados, a comunicar sus créditos a la administración concursal en el plazo de un mes a partir del 21 de septiembre. La dirección para realizar estas comunicaciones es PKF Attest Concursal SLP, ubicada en la calle Orense, 81 4º de Madrid, y el correo electrónico concursogrupogavia@pkf-attest.es, así como el teléfono 9155611994.
Críticas y Llamado a la Acción
Facua-Consumidores en Acción ha criticado que el Gobierno de Pedro Sánchez no haya realizado modificaciones en la normativa que regula este tipo de clínicas para asegurar la protección de los derechos de los consumidores. La organización considera que una medida urgente sería la exigencia de un seguro de responsabilidad civil para autorizar la apertura de este tipo de establecimientos, de modo que quede cubierto el riesgo de cierre o quiebra de la compañía.
Por su parte, la Asociación de Defensa de los Consumidores y Usuarios de Bancos, Cajas de Ahorro y Seguros (Adicae) se ha sumado a la defensa de los afectados. Adicae ha informado que los consumidores que hayan financiado el tratamiento a través de un préstamo vinculado podrán pedir a la entidad financiera la paralización del crédito y la devolución de los importes abonados por servicios no prestados.
Aquellos que hayan utilizado un préstamo personal no vinculado deberán comunicar a la entidad financiera la modificación del contrato y evaluar el pago de las cuotas pendientes. Finalmente, los que pagaron el tratamiento por adelantado, sin recurrir a financiación, tendrán que solicitar judicialmente la devolución de los importes correspondientes a los servicios no realizados.
Adicae reitera su compromiso en la defensa de los derechos de los consumidores y hace un llamamiento para que ningún damnificado se quede sin reclamar, al tiempo que se ha puesto a disposición de todos los afectados para ofrecer orientación, asesoramiento legal y acompañar a los usuarios en todo el proceso de reclamación.
