«Contenta» y «comprometida» fueron las palabras elegidas por Teresa Ribera (Madrid, 1969) para decir ‘adiós’ a su etapa al frente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) y ‘hola’ a la vicepresidencia ejecutiva de la Comisión Europea (CE), con mando en plaza en el área de Transición Limpia, Justa y Competitiva. La presidenta de la CE, Úrsula Von der Leyen, ha confiado más en el pulso y la experiencia de la política española en materia energética que en las sombras de su mandato.
Bajo el liderazgo de Ribera, el mix energético español ha pasado de tener una cuota de generación renovable del 37,5% en 2019 al 57,7% en 2024, según datos de Redeia. Un notable incremento de más de 20 puntos porcentuales que pone a España en el camino de los objetivos comunitarios en esta materia. El discurso del Gobierno socialista concede un papel fundamental a la eliminación del ‘impuesto al sol’, establecido durante la etapa de Mariano Rajoy en la Moncloa y fulminado por el actual Ejecutivo.
LA ENERGÍA NUCLEAR, PROSCRITA
Sin embargo, el camino de la descarbonización en nuestro país se ha topado con una rémora: el empecinamiento del Gobierno de Pedro Sánchez en cerrar a cal y canto el parque de la energía nuclear, desmantelando los siete reactores que operan en el territorio nacional.
Bien es cierto que el ‘cerrojazo’ atómico es una circunstancia que venía ‘de serie’ y no dependía de la gestión de Ribera, ya que se trata de una dádiva de Sánchez a sus socios de legislatura. Pero, con los datos en la mano, esta medida supone renunciar a una fuente de energía abundante y libre de emisiones de gases de efecto invernadero.
La producción de los siete reactores españoles habla por sí sola: en 2023, Almaraz I y Almaraz II, Ascó I y Ascó II, Cofrentes, Trillo y Vandellós II aportaron al sistema 54.275,01 gigavatios hora (GW/h). Esta cifra representa el 20,34% del total de la producción eléctrica neta.
Otro de los torbellinos de su mandato en este apartado ha sido la ‘tasa Enresa’, el impuesto que pagan las gestoras de las centrales por la gestión de los residuos radiactivos. Ribera hizo oídos sordos a las eléctricas y subió el gravamen un 30%, bajo el marchamo de «quien contamina, paga».
LA EXCEPCIÓN IBÉRICA, UNA ESTRELLA PARA EL CURRÍCULUM
De lo que sí puede presumir Ribera es de haber sido, junto al presidente de Gobierno, la principal valedora de una de las medidas que más alivió a España en lo más crudo de la crisis energética: la excepción ibérica.
La excepción ibérica fue implantada en 2022 con el objetivo de topar el precio del gas en el mercado mayorista eléctrico, con el fin de contener el coste de la luz en un momento en que se desbocaba a causa de la invasión rusa de Ucrania. Según los cálculos del Ejecutivo, nuestro país se ahorró una cantidad superior a los 5.000 millones de euros gracias a esta medida.
RIBERA RESUCITA LA CNE
La Comisión Nacional de la Energía (CNE) inició su primera etapa como entidad reguladora del mercado energético en 1995, hasta que en 2013 fue absorbida por la CNMV. El pasado febrero, el actual Gobierno inició los trámites legales para ‘revivirla’ con la remisión a información pública del anteproyecto de ley por el que se restablece la CNE como un ente regulador separado.
Ribera se empeñó en la rehabilitación de la CNE, buscando impulsar las funciones regulatoria, consultiva y de asesoramiento de la Administración en el ámbito energético. Sin embargo, la atomización política del Congreso hace que la aprobación final de la iniciativa se enfrente a un espinoso camino parlamentario.
EL CIRCO DEL ‘IMPUESTAZO’
No podía faltar en esta retrospectiva la controversia que más ha encendido el mandato de Ribera al frente del Miteco. El gravamen especial del Gobierno a los beneficios de las energéticas, bautizado popularmente como ‘impuestazo’, castigó los balances de las empresas del ramo y generó tal crispación en el sector que Josu Jon Imaz, CEO de Repsol, llegó a amenazar con retirar las inversiones de la petrolera en nuestro país si el tributo no era revocado.
Ribera, con el respaldo de Pedro Sánchez, inició una guerra dialéctica con Imaz y otros directivos ‘rebeldes’, acusando al consejero delegado de Repsol de «retardismo» y «negacionismo» respecto al cambio climático. Finalmente, la sangre no llegó al río y el Gobierno inició una ronda de conversaciones con las compañías con ánimo de llegar a un acuerdo. «Si invertimos en descarbonización, mitigarán el impacto del gravamen», adelantó el CEO de Endesa, José Bogas.
En la actualidad, el sector da por desahuciado el ‘impuestazo’, aunque la polémica sigue viva. Este mismo septiembre, el propio Imaz afirmó que «cuanto antes desaparezca más conseguiremos acelerar las inversiones».
«!– /wp:paragraph –>
