España llevará la próxima semana a Bruselas su inquietud por las reducciones en las cuotas de captura de anchoa que ha planteado la Comisión Europea para las aguas atlánticas ibéricas durante 2024 y 2025. Esta medida, que el Gobierno español considera «drástica e injustificada», podría afectar severamente a la actividad pesquera en el Golfo de Cádiz.
La delegación española solicitará que los ministros de Pesca de la Unión Europea debatan esta propuesta de la Comisión Europea durante su próxima reunión del 23 de septiembre. El foco de la discusión se centrará en los límites de captura de anchoa en esta región, una cuestión que ha generado gran preocupación en el sector pesquero español.
La Propuesta de la Comisión Europea: Implicaciones Drásticas
La Comisión Europea ha propuesto establecer una condición especial por la cual las capturas de anchoa en la zona sur de las aguas atlánticas ibéricas «no podrán superar las 969 toneladas«, según el dictamen del Consejo Internacional de Exploración del Mar (CIEM). Además, esta medida se aplicaría con carácter retroactivo a partir del 1 de julio de 2024.
España critica que el dictamen divida la población de anchoa en dos componentes diferentes, cuando la evidencia científica actual señala que solo existe un único stock en esas aguas. Alegan que esta división se utiliza para justificar que la zona sur se encuentra en peor estado, lo que permite a la Comisión proponer recortes de cuotas más drásticos.
De aprobarse esta propuesta, la flota pesquera española se vería obligada a permanecer amarrada en puerto hasta junio de 2025, lo que tendría graves consecuencias socioeconómicas y sociales para las comunidades costeras dependientes de esta actividad.
La Posición de España: Falta de Fundamento Científico y Legal
España considera que la medida propuesta por la Comisión Europea «no se ajusta a la base científica actual» para realizar las evaluaciones pertinentes. Además, argumentan que existe una «falta de base legal suficiente» para justificar una reducción tan significativa de las cuotas de pesca.
Por ello, la delegación española ha decidido llevar este asunto al debate con el resto de Estados miembros de la UE, con el objetivo de defender los intereses de su sector pesquero y buscar una solución más equilibrada y fundamentada en la evidencia científica disponible.
Los eurodiputados de la Comisión de Pesca del Parlamento Europeo también han agendado un debate sobre esta problemática para su próxima reunión, lo que refleja la importancia y trascendencia de este tema a nivel comunitario.
