La Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución (Anged) ha publicado un informe detallando las principales problemáticas y el impacto que tiene la fragmentación regulatoria de las comunidades autónomas sobre las grandes empresas de distribución en España. El informe revela que cinco comunidades autónomas – Comunidad Valenciana, Cataluña, Aragón, Navarra y Asturias – gravan a los grandes establecimientos comerciales con un tributo específico.
Según el estudio, esta fragmentación regulatoria impone diversas restricciones a las grandes empresas, como limitaciones a las promociones que se llevan a cabo en hasta once comunidades, lo que agrava su situación frente a las grandes plataformas digitales que basan buena parte de su negocio en campañas promocionales. Además, la apertura de nuevos establecimientos sigue sujeta a un proceso administrativo lento y complejo que, en la práctica, supone una intervención en la configuración de la oferta comercial.
Hacia una Mayor Integración del Mercado Interno
En este contexto, el informe de Anged surge a raíz del anuncio realizado por el ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerdo, sobre una iniciativa para impulsar la Unidad de Mercado a través de lo que ha denominado un ‘Régimen 18.
Cabe destacar que, en su análisis sobre la Unidad de Mercado en la Unión Europea, Enrico Letta ya había demandado prestar especial atención al comercio minorista, donde existe poca voluntad política para una mayor integración y el proteccionismo localizado obstruye la entrada al mercado, inhibe la competencia y, por lo tanto, perjudica tanto a nuevos productores como a consumidores potenciales.
Necesidad de Armonización Normativa
Ante este escenario, resulta evidente la necesidad de una mayor armonización normativa a nivel nacional, que permita a las grandes empresas de distribución operar en condiciones más equitativas y competitivas. Esta integración del mercado interno beneficiará no solo a las empresas, sino también a los consumidores, quienes podrán acceder a una oferta más amplia y diversa de productos y servicios.
La fragmentación regulatoria impuesta por las comunidades autónomas representa un desafío importante para las grandes empresas de distribución, que se ven sometidas a una serie de restricciones que afectan directamente a su capacidad de competir en igualdad de condiciones. La iniciativa del Gobierno para impulsar la Unidad de Mercado a través del ‘Régimen 18’ podría ser un paso en la dirección correcta, siempre y cuando se aborde de manera efectiva la necesidad de armonización normativa en el sector del comercio minorista.
