La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha anunciado que la edad de jubilación en España se sitúa en los 65,2 años, alcanzando un «máximo histórico» en los registros. Durante su comparecencia en el Congreso, la ministra Saiz ha ensalzado los efectos positivos que ha tenido la reforma de pensiones impulsada por su predecesor, el actual gobernador del Banco de España, José Luis Escrivá.
Según Saiz, el peso de la jubilación demorada sobre las nuevas pensiones se situó cerca del 10% en 2024, el doble que el nivel de los años previos a la reforma. Asimismo, las jubilaciones anticipadas han caído por debajo del 30%, un nivel «nunca conocido». La ministra ha destacado que también se ha reducido el periodo por el que se anticipa la jubilación, pasando de más del 46% de los que se jubilaban 24 meses antes de la edad legal a solo un 17%.
El Reto del Envejecimiento Poblacional
La titular de Seguridad Social ha reconocido que la generación del ‘baby boom’ subirá el gasto «de manera ineludible» si se quiere mantener el actual nivel de protección. Sin embargo, ha puntualizado que el derecho a una pensión adecuada y suficiente «no es un privilegio o un regalo», sino un derecho consagrado en la Constitución.
Actualmente, el sistema de pensiones protege a más de 10 millones de pensionistas, es decir, uno de cada cinco ciudadanos. Se espera que para 2050 esta cifra esté en torno al 33%, es decir, una de cada tres personas superará esa edad. Pese a este reto, la ministra ha asegurado que el gasto continúa «en niveles razonables» y las medidas desplegadas «están teniendo buenos resultados».
La Cláusula de Cierre: Garantía de Sostenibilidad
Ante la incertidumbre de las proyecciones económicas a largo plazo, Saiz ha destacado la conocida como ‘cláusula de cierre’ de la reforma de pensiones impulsada por Escrivá. Esta cláusula encarga a la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) la tarea de estimar el impacto de las medidas adoptadas para fortalecer los ingresos y comprobar que tanto los ingresos como los gastos estén bajo ciertos umbrales. Si esto no se cumple, se procedería a recortar el gasto, a introducir nuevas vías de ingresos al sistema o las dos cosas a la vez.
La ministra ha defendido que hay que ver la activación de dicha cláusula como «un recurso más para garantizar el sistema y dar certidumbre ante los distintos escenarios que puedan presentarse». De esta manera, la cláusula se presenta como una herramienta clave para asegurar la sostenibilidad del sistema de pensiones en el largo plazo.
