En un momento en el que la crisis de la vivienda se ha convertido en uno de los principales problemas que afronta nuestro país, la formación política Sumar ha presentado un ambicioso programa de medidas para abordar esta cuestión fundamental. Con un enfoque integral y ambicioso, Sumar busca garantizar el derecho constitucional a una vivienda digna y adecuada para todos los ciudadanos.
La centralidad de la desigualdad que supone el acceso a la vivienda es el foco principal de las propuestas de Sumar. Conscientes de que el 50% de las personas que tienen un contrato de arrendamiento en nuestro país se encuentran en riesgo de exclusión social, la formación liderada por Yolanda Díaz plantea una serie de medidas para revertir esta tendencia y situar a la vivienda como un derecho fundamental que debe ser protegido.
CONDICIONAR LAS AYUDAS PÚBLICAS AL CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE VIVIENDA
Ante la «inacción» de algunas comunidades autónomas para aplicar la Ley de Vivienda, Sumar propone condicionar el conjunto de ayudas públicas a la vivienda destinadas a las CCAA a que utilicen los instrumentos de esta Ley para limitar los precios del alquiler. De esta manera, buscan garantizar el cumplimiento efectivo de la normativa y avanzar hacia la protección del derecho a la vivienda.
Asimismo, Sumar plantea mejorar el Índice de Precios de Referencia recogido en la Ley de Vivienda, considerando la mediana de los precios como referencia e incluyendo elementos «objetivables» en los datos de las viviendas para la conformación del índice. Además, proponen topar el precio de las viviendas en alquiler en zonas tensionadas al 30% de la renta de los hogares que alquilan, y prohibir temporalmente la compra de vivienda en zonas tensionadas para usos diferentes a la vivienda habitual o el alquiler asequible.
SUBIR LA FISCALIDAD A LOS PISOS TURÍSTICOS Y LIMITAR LAS DEDUCCIONES FISCALES
Para acabar con los alquileres turísticos ilegales y desincentivar el alquiler turístico en zonas tensionadas, Sumar plantea apoyar mediante recursos «condicionados» a los ayuntamientos y comunidades autónomas para que puedan hacer cumplir la normativa en materia de pisos turísticos y vivienda en general.
Además, la formación propone elevar la fiscalidad estatal de los pisos turísticos para recortar «drásticamente» su rentabilidad, haciendo que tributen al 21% de IVA y que en el IRPF y en el Impuesto de Sociedades se suprima en el cálculo de sus rendimientos la deducibilidad de los gastos financieros, de amortización y de mejora de la vivienda turística en zonas tensionadas. También en zonas tensionadas, plantean elevar la imputación de rentas inmobiliarias al 20% en el IRPF en los periodos de no ocupación.
Asimismo, Sumar aboga por revisar la fiscalidad de las socimi para fomentar el alquiler permanente; obligar a las plataformas de alquiler turístico a facilitar información para garantizar el cumplimiento de la normativa y regular el alquiler de temporada y por habitaciones. En este sentido, reclaman limitar las deducciones en el IRPF a las rentas por arrendamientos de inmuebles destinados a vivienda a aquellos casos en que éstas se sitúen por debajo del límite máximo establecido en el sistema estatal de índices de referencia del precio del alquiler de vivienda.
AMPLIAR LA OFERTA DE VIVIENDA PÚBLICA EN ALQUILER ASEQUIBLE
Para solucionar el problema de la vivienda de manera estructural, Sumar plantea destinar el 1% del PIB anual a la inversión en parque de vivienda pública de alquiler asequible y no descalificable. Su financiación durante los primeros años correría a cargo de un fondo estatal dotado con 40.000 millones procedentes de créditos blandos de fondos europeos.
Este fondo tendría como objetivo condicionar a ayuntamientos y comunidades autónomas para que amplíen de forma efectiva el parque de vivienda en alquiler asequible, y se distribuiría en función del volumen de tensión en el acceso a la vivienda, se redistribuiría en el caso de no ser utilizado y estaría condicionado al desarrollo de diversas actuaciones.
Sumar quiere además que esta legislatura se construyan 500.000 viviendas de alquiler social de entre 400 y 600 euros en aquellas zonas tensionadas donde la movilización de la vivienda vacía sea insuficiente; y cambiar el objeto social de la Sareb con el fin de emplear preferentemente sus activos en la creación del parque público de vivienda para el alquiler asequible.
En definitiva, las propuestas de Sumar buscan abordar la crisis de la vivienda desde múltiples frentes, condicionando las ayudas públicas, aumentando la fiscalidad de los pisos turísticos, limitando las deducciones fiscales y ampliando la oferta de vivienda pública en alquiler asequible. Un ambicioso plan que aspira a situar el derecho a la vivienda digna y asequible en el centro de la agenda política y social.
