En un panorama ferroviario marcado por constantes retrasos e incidencias, la reciente decisión de Renfe de modificar sus compromisos de puntualidad y política de devoluciones ha generado una ola de críticas y preocupación entre los usuarios de los servicios públicos de transporte. El Partido Popular (PP) ha exigido al Gobierno que intervenga para revertir estos cambios, argumentando que suponen un empeoramiento de la calidad del servicio para los viajeros.
La nueva política de Renfe, vigente desde el 1 de julio, establece que solo se devolverá el 50% del billete en caso de retrasos iguales o superiores a 60 minutos, y el 100% si la demora supera los 90 minutos. Esta medida contrasta con el anterior compromiso de Renfe, que contemplaba indemnizaciones por retrasos a partir de 15 y 30 minutos. Organizaciones de consumidores como CECU y Facua han denunciado enérgicamente este cambio, calificándolo como «inaceptable» y una «merma importante en los derechos de los usuarios».
El Impacto en los Usuarios
El PP ha presentado una proposición no de ley en el Congreso para exigir al Gobierno que revierte de forma inmediata los actuales compromisos de puntualidad y devoluciones de Renfe, restableciendo los existentes antes del 1 de julio. Consideran que esta modificación ha supuesto un empeoramiento para los usuarios de los servicios ferroviarios públicos.
Según la formación política, el perjuicio a los usuarios es evidente, ya que tendrán que esperar mucho más tiempo para recibir una indemnización por los retrasos sufridos en sus viajes. Esto podría generar una sensación de insatisfacción y malestar entre los pasajeros, que verán reducidos sus derechos y la calidad del servicio que reciben.
Mejorar la Competitividad del Sector Ferroviario
Más allá de las críticas a la nueva política de Renfe, el PP también exige al Gobierno que adopte medidas para mejorar los servicios públicos ferroviarios de su competencia. Esto incluye actuar tanto sobre las infraestructuras como sobre los trenes, con el objetivo de reducir drásticamente las numerosas incidencias que se vienen produciendo.
Desde la formación política, se hace hincapié en la necesidad de que el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, comience a gestionar de manera «real y efectiva» los servicios e infraestructuras públicas ferroviarias, atendiendo a las necesidades de los usuarios que, según el PP, sufren un «permanente caos ferroviario».
En resumen, la decisión de Renfe de modificar sus compromisos de puntualidad y política de devoluciones ha generado una fuerte reacción por parte del Partido Popular y organizaciones de consumidores, quienes consideran que se trata de un retroceso en los derechos y la calidad del servicio ofrecido a los usuarios de los servicios ferroviarios públicos. La exigencia de revertir estos cambios y mejorar la competitividad del sector se presenta como una prioridad para garantizar un transporte ferroviario eficiente y satisfactorio para los viajeros.
