Las eléctricas españolas (también las italianas, por ejemplo) habían encontrado en la importación de electricidad de Marruecos una vía de salida al complejo entramado al que se enfrentaban: descarbonizar su producción para cumplir con los planes del Gobierno, reducir el precio y abastecer a sus clientes. Así, la energía comprada cumplía con todos los requisitos salvo por un gran asterisco, su obtención se producía a través de fuentes sucias, sobretodo la quema de carbón, por lo que en términos netos de emisiones (sin hacer distinciones por las fronteras) la contaminación emitida al planeta era incluso mayor que si se generaba por las propias centrales térmicas en España.
La solución propuesta por las eléctricas, que da muestras de lo que realmente importa es el dinero y no eso de salvar al planeta, suponía una gran mancha para Bruselas, cuyos planes era la de reducir realmente las emisiones de carbono por la energía consumida en las fronteras, ya sea generada o no en ellas. Por ello, las altas instancias de la UE llevan trabajando varios meses en adoptar distintas medidas que limiten la importación de energía sucia de otros países, de Marruecos en el caso de España o de los países bálticos en el caso de Italia, hasta el punto de que se está perfilando una tasa verde a la importación de dicha energía sucia, según relatan fuentes financieras.
El desarrollo de políticas fiscales es una parte esencial para lograr los ambiciosos objetivos verdes que se han puesto las autoridades en Europa, incluidos muchos de los gobiernos como el español. Entre todas las que están encima de la mesa, destaca la puesta en funcionamiento de un impuesto verde transfronterizo al carbono que buscaría desincentivar la importación de energía procedente de energías sucias del que se tendrán noticias, en principio, el 1 de noviembre. En la actualidad, dicha generación cuenta con un precio muy asequible debido a que en su coste de producción no se incluye el precio de los derechos de emisión de CO2, cuyo precio, además, está disparado.
El próximo plan europeo de reducción de emisiones se encuadra en el denominado ‘Acuerdo Verde Europeo’ que establecerá la política climática en los próximos años. Pese a que los puntos ya están definidos, entre los que destaca reducir las emisiones en la UE hasta en un 40% para 2030, todavía se desconoce la prioridad que se otorgará a cada uno de ellos. Una cuestión que se debería resolver en las próximas semanas, puesto que el vicepresidente ejecutivo entrante de la Comisión Europea, Frans Timmermans, que será el encargado de ejecutar dicha tarea, tendrá 100 días para «describir cómo reforzar los objetivos de emisiones, fortalecer el esquema de límite y comercio de la UE e instalar un impuesto fronterizo de carbono», señalan en un informe interno de Bloomberg.
Una de las claves que ha encontrado Timmermans para desarrollar el impuesto transfronterizo es que cuenta con el apoyo de las grandes potencias de UE: por un lado, Francia ya era partidario de dicha tasa e, incluso, la ha solicitado en más de una ocasión. Los franceses aprovechan que la mayor parte de su energía es nuclear, a efectos de emisiones de carbono es totalmente limpia, por lo que su imposición no le perjudicaría. Por otro lado, Alemania también ha dio el visto bueno el pasado 19 de septiembre, como parte de su fuerte viraje a una economía verde. Aun así, no está todo atado puesto que una medida así es «difícil de vender políticamente», relatan los analistas.
MÁS PRESIÓN PARA LA FACTURA DE LA LUZ
Si bien desde el punto de vista ambiental la solución de importar energía de Marruecos era poco óptima, al emitir más toneladas de CO2 por la misma energía producida, desde el punto de vista de la factura sí era más rentable. Una posición que se complicará en un futuro de materializarse la tasa verde que pretende Bruselas, ya que no solo elevará de facto el precio del GWh al añadirle una cantidad fija, sino que también presionará al alza el precio de los derechos de CO2.
Bruselas trabaja en un impuesto verde transfronterizo que buscaría desincentivar la importación de energía procedente de energías sucias del que se tendrán noticias, en principio, el 1 de noviembre
En concreto, los analistas esperan que Timmermans aumente el objetivo de reducción de emisiones (que actualmente es del 40% respecto a los niveles de 1990) hasta un 50% o 55%. Un nuevo objetivo, que contaría con el problema de que los planes actuales de los países están proyectados para ese 40% inicial, «en teoría, podría elevar el precio de los derechos de carbono, particularmente hacia fines de la década de 2020», explican los analistas. Por lo que de una manera u otra, por efecto de la tasa o de la subida del valor de los activos financieros del carbono, se producirá un sobrecargo en la factura de la energía generada por el carbón. Por ello, las eléctricas se lanzan a cerrar las centrales, como en el caso de Endesa.
Pese a ello, en España todavía se necesita alimentar el mix con carbón, aunque ha pasado a ser residual por el efecto de los bajos precios del gas. Así, las eléctricas incrementaron con fuerza la importación de electricidad a principios de año, cuando el aire y el agua escaseaban en la península, hasta el punto de que por primera vez en la historia nos convertimos en importadores de energía. De hecho, en los primeros meses del 2019 se llegó a importar cerca de 500 GWh, mientras que en los últimos cuatro años de media se exportaban cerca de 400 GWh al mes, con picos en 2016 y 2017 que se acercaron a los 700 GWh.
