Prácticamente, cada movimiento que se produzca en una bodega tiene que estar registrado. Las bodegas españolas –pequeñas, medianas o grandes, indistintamente– deben presentar una cantidad de declaraciones que, en muchos casos, se duplican. Una montaña de papeleo que afecta directamente a la competitividad de estas empresas obligando, en muchos casos, a quitar recursos que mejoren el vino como producto.
“Estamos sometidos a una gran carga administrativa”, reconoce el director general de la Federación Española del Vino (FEV), José Luis Benítez, quien señala que “no repercute en las ventas, pero merma recursos” ya que en lugar de contratar personal para labores relacionadas con la producción del vino lo que se hace es desplazar medios a las tareas administrativas. En las bodegas grandes los procedimientos se multiplican, mientras que en las pequeñas es el enólogo quien se encarga de todo. En ambos casos, es un problema que en países competidores en este sector como Francia no se produce. O al menos el sistema es más simple.
El entramado burocrático en el sector del vino es mayor que, por ejemplo, en el de la cerveza. Las bodegas tienen que presentar muchas declaraciones distintas (Agricultura, Infovi, AEAT o Consejos Reguladores, entre otros) que en muchos casos solicitan información parecida, pero en unos tiempos y formatos diferentes, lo que se traduce en una innecesaria carga administrativa.
Entre estas declaraciones, de cara al departamento de aduanas e impuestos especiales las bodegas tienen que realizar varias declaraciones mensuales (como las entradas y salidas de productos intermedios) o trimestrales (primeras materias entregadas a alcoholera) o ambas dependiendo del tamaño (como las operaciones en fábricas y depósitos de vino y bebidas fermentadas).
Como las competencias están traspasadas a las Comunidades Autónomas, las empresas vinícolas deben presentar libros de movimientos de vino, de envasado, o de procesos de elaboración para cada categoría que se produzca: vino con Denominación de Origen Protegida (DOP), Indicación Geográfica Protegida (IGP), certificados con añada y variedad y sin IGP.
Luego están las gestiones con la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA). En 2015, el Ministerio de Agricultura puso en funcionamiento la creación de una herramienta específica para su publicación y difusión, el Sistema de Información de Mercados del Sector Vitivinícola (Infovi) con el objetivo de tener datos relacionados con la explotación vitivinícola. Dicha declaración se realiza ante la AICA.
Además, las bodegas también están obligadas a informar sobre vino obtenido en dicho periodo a partir de mosto/uva, tanto de esta cosecha como de anteriores y superficie de viñedo del que proceden las uvas; así como del vino expedido por destino. Distintos son los procedimientos de los Consejos Reguladores quienes pueden pedir el seguimiento por depósitos por variedades o solo una clasificación de vinos.
Las bodegas tienen que presentar muchas declaraciones distintas que obligan a desviar recursos a administración y se pierde competitividad
Por último, también tienen que ofrecer información obligatoria al Instituto Nacional de Estadística (INE), información a empresas de certificación o la declaración anual de envases a Ecovidrio, entre otros.
MEJORA DE LA SITUACIÓN
Si bien es cierto, parece que sus históricas reivindicaciones se han comenzado a escuchar. Desde la FEV valoran la buena disposición de la Agencia Tributaria y su colaboración con el sector al presentar recientemente el nuevo portal electrónico Silicie, a través del cual las bodegas deberán presentar a partir de 2020 los libros contables de impuestos especiales. Para el director de la FEV, el resultado final de la nueva Orden ministerial es positivo porque supone avanzar en la digitalización de la información, simplifica algunos apartados y elimina algunas declaraciones obligatorias hasta la fecha.
Sin embargo, desde el sector siguen reclamando que aun queda mucho camino para simplificar toda la burocracia que rodea al vino. Por ello, la FEV ha propuesto la creación de un grupo de trabajo con todas las partes implicadas para trabajar de manera coordinada en la optimización de las declaraciones vitivinícolas en el corto plazo y, a medio plazo, alcanzar una verdadera simplificación administrativa en el sector.
“La transparencia y la rendición de cuentas son fundamentales en cualquier sector, pero es fundamental que se lleven a cabo de una manera racional sin que suponga cargas ni trabas adicionales en el trabajo diario de las empresas, cuyos esfuerzos deben estar enfocados en elaborar el mejor vino posible y comercializarlo con el mayor valor”, apunta.
