La financiación autonómica es un tema crucial en el Estado descentralizado español, que requiere un enfoque de negociación multilateral para garantizar la igualdad de acceso a los servicios públicos en todo el país. Unai Sordo, secretario general de Comisiones Obreras (CCOO), ha expresado su posición sobre este asunto, haciendo hincapié en la necesidad de un debate integral que abarque a todas las comunidades autónomas.
La Negociación Multilateral: Un Requisito Ineludible
Sordo ha defendido que cualquier debate sobre la financiación autonómica y la financiación de las administraciones públicas en un Estado descentralizado como el español, tiene que ser una negociación de carácter multilateral. Esto se debe a que las decisiones que se tomen en esta materia afectarán no solo a Cataluña, sino al conjunto de comunidades autónomas. Según el líder sindical, no sería viable políticamente otro escenario, independientemente de la escena y la planificación del acuerdo para la investidura de Salvador Illa.
La Necesidad de Preservar la Igualdad de Acceso a los Servicios Públicos
Sordo ha señalado que, si se incrementa la autonomía fiscal de las comunidades autónomas y su capacidad recaudatoria, hay que tener en cuenta las consecuencias que esto tendría en la caja común, a fin de garantizar el acceso equitativo de todos los ciudadanos a los servicios públicos. En este sentido, ha recalcado la necesidad de liderar este debate desde el Gobierno de España, con el objetivo de determinar el nivel de descentralización fiscal que puede permitirse el país, compatible con una fiscalidad que asegure la homologación del acceso a los servicios públicos en todo el territorio.
El Riesgo del «Dumping Fiscal» entre Comunidades
Sordo ha advertido contra el riesgo del «dumping fiscal» entre comunidades autónomas, ya que el autogobierno no debe servir para reducir impuestos y atraer inversiones a expensas de otras regiones. Según el líder sindical, esto sería un escándalo en términos de país, y por ello, el debate sobre la financiación autonómica debe estar ligado a la suficiencia de recursos, con el fin de impedir la competencia fiscal entre comunidades y garantizar el acceso equitativo a los servicios públicos.
En conclusión, la financiación autonómica en España requiere un enfoque de negociación multilateral, liderado por el Gobierno central, que tenga como prioridad la igualdad de acceso a los servicios públicos en todo el país. Este debate debe abordar el nivel de descentralización fiscal compatible con una fiscalidad que preserve la cohesión territorial y evite el «dumping fiscal» entre comunidades autónomas.
