En un momento en el que la crisis de la vivienda se agudiza en España, el portavoz económico de Sumar, Carlos Martín, ha presentado una ambiciosa propuesta para hacer frente a este desafío. Martín plantea la construcción de 500,000 viviendas públicas con un alquiler de 400 euros mensuales en zonas donde el mercado inmobiliario se encuentra más tensionado y la movilización de inmuebles vacíos no sea suficiente.
Esta iniciativa se basa en dos ejes fundamentales. Por un lado, la movilización de la vivienda vacía, ofreciendo al sector público como «gestor seguro y garantizado» para alquilarlas a precios asequibles, y rehabilitando aquellas que lo requieran con fondos europeos. Por otro lado, la construcción de nuevas viviendas públicas en zonas donde la vivienda vacía no sea suficiente, financiadas mediante la reorientación de créditos blandos de la adenda europea.
El Sector Público como Promotor Directo
El economista de Sumar defiende que, en la construcción de estas 500,000 viviendas, el sector público debe asumir el papel de promotor directo, pues considera que el modelo de colaboración público-privada ha resultado fallido. Según Martín, las inmobiliarias privadas deben quedar excluidas de esta acción, ya que suponen un «sobrecoste innecesario» y «generan inseguridad en el mantenimiento de la titularidad pública del parque».
Martín critica que el modelo desplegado hasta ahora de colaboración entre el sector público y el privado ha llevado a que «millones» de pisos de protección oficial hayan terminado en el «mercado especulativo«. «Desgraciadamente este modelo sigue vivo en la cabeza de muchos políticos y gestores públicos», ha señalado.
Eliminación de la «Golden Visa» y Mayor Control del Alquiler Turístico
Paralelamente a esta propuesta, el Gobierno ha anunciado la supresión de las «Golden Visa» para los extranjeros no residentes en la Unión Europea que inviertan más de 500,000 euros en vivienda, una medida que se inició en 2013 durante el Gobierno del Partido Popular (PP). Además, se introduce una modificación para que las comunidades de propietarios tengan capacidad para decidir si permiten o vetan el establecimiento de pisos turísticos en sus edificios.
El socio minoritario de Sumar, por su parte, considera que el plan del Ministerio de Vivienda aún es insuficiente y recientemente presentó una iniciativa para instar a subir la fiscalidad de los pisos turísticos, demandando que tengan un IVA del 21% en los próximos Presupuestos Generales del Estado, para así hacer esta actividad menos rentable y favorecer, con ello, el alquiler para residencia habitual.
En conclusión, la propuesta de Sumar y las medidas anunciadas por el Gobierno apuntan a la necesidad de una intervención más decidida del sector público en la promoción y gestión de viviendas asequibles, así como en el control del mercado de alquileres, con el objetivo de garantizar el derecho a una vivienda digna para todos los ciudadanos.
