El Tribunal de Cuentas ha emitido un informe sobre las actuaciones de planificación, seguimiento y evaluación del Plan Estatal de Vivienda (PEV) 2018-2021. El documento señala diversas debilidades en la formulación y ejecución de este plan, las cuales afectan a la coherencia y homogeneidad de las medidas aplicadas a nivel nacional.
En particular, el Tribunal recomienda que el Ministerio de Vivienda coordine los futuros planes estatales con otras estrategias relevantes, como la Estrategia de Desarrollo Sostenible, para lograr un enfoque integral de la política de vivienda. Asimismo, subraya la necesidad de reforzar la cooperación y coordinación interadministrativa entre los diferentes niveles de gobierno y actores interesados, con el fin de asegurar una participación real de todos los agentes involucrados.
Mejoras en el Diseño y Seguimiento del Plan Estatal de Vivienda
Según el informe, el Plan Estatal de Vivienda 2018-2021 contó con un presupuesto total de 1.872 millones de euros, de los cuales el 78,70% correspondía a la financiación estatal y el 21,30% a la cofinanciación autonómica. Sin embargo, el Tribunal de Cuentas ha identificado debilidades en el diseño y seguimiento de este plan, lo que podría afectar a su eficacia y eficiencia.
En primer lugar, el Tribunal señala que los objetivos definidos en el plan no estaban cuantificados, lo que dificulta la adopción de medidas correctoras en caso de desviaciones y el diseño adecuado de futuras estrategias. Asimismo, recomienda establecer un sistema de seguimiento efectivo con indicadores y reportes periódicos, para lograr una mejor evaluación y ajuste de los programas de actuación.
Hacia una Política de Vivienda más Coherente y Coordinada
En resumen, el informe del Tribunal de Cuentas pone de manifiesto la necesidad de mejorar la planificación y el seguimiento del Plan Estatal de Vivienda, con el fin de alcanzar una política de vivienda más coherente, coordinada e integral. Estas recomendaciones apuntan a la importancia de fortalecer la cooperación entre los diferentes niveles de la Administración y de alinear los planes de vivienda con otras estrategias relevantes, para lograr una mayor eficacia y equidad en el desarrollo de las políticas de vivienda en España.
