El sector porcino español se encuentra en una encrucijada decisiva. Las nuevas exigencias de bienestar animal, establecidas en el real decreto aprobado en 2023, han generado un clima de incertidumbre y preocupación entre los ganaderos. La normativa, que busca alinear al país con la directiva europea de 2008, introduce modificaciones significativas en las condiciones de crianza de cerdos, impactando directamente en la estructura y operatividad de las explotaciones porcinas.
Las asociaciones agrarias, conscientes del desafío que representa esta nueva realidad, han alzado la voz para solicitar una prórroga en la entrada en vigor del real decreto. Argumentan que la adaptación a las nuevas exigencias requiere de un plazo mayor para evitar consecuencias drásticas en la producción. La solicitud, que busca extender la entrada en vigor hasta 2028, busca brindar un respiro al sector y permitir una transición ordenada y planificada.
Obstáculos Económicos y Administrativos Amenazan la Viabilidad del Sector
La adaptación a las nuevas normativas de bienestar animal implica una serie de desafíos para los ganaderos españoles. El coste de adecuar las instalaciones a las nuevas exigencias de espacio por animal se perfila como una barrera importante. Las organizaciones agrarias estiman que la inversión necesaria para cumplir con la normativa podría superar los 500.000 euros por explotación, una cifra que pone en riesgo la viabilidad de muchas explotaciones, especialmente las de menor tamaño.
A este panorama se suman las trabas administrativas que dificultan la ampliación de las granjas. La obtención de permisos y licencias se ha convertido en un proceso largo y complejo, lo que limita la capacidad de los ganaderos para expandir sus instalaciones y cumplir con las nuevas exigencias de espacio. Esta situación genera un cuello de botella que amenaza con agravar la situación del sector y poner en riesgo la producción nacional.
La Necesidad de un Plan Integral para Salvaguardar el Futuro del Sector Porcino
Ante este escenario complejo, las organizaciones agrarias exigen al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación la implementación de un plan integral que acompañe al sector en esta transición. La prórroga para la entrada en vigor del real decreto se plantea como una medida esencial para ganar tiempo y planificar adecuadamente la adaptación a las nuevas exigencias.
Además, se considera fundamental la creación de un paquete de ayudas específicas que alivien la carga financiera que supone la adecuación de las instalaciones. Estas ayudas, dirigidas a los ganaderos, serían un instrumento clave para garantizar la viabilidad del sector y evitar el cierre de explotaciones. El objetivo es claro: lograr una transición ordenada y justa que permita al sector porcino español adaptarse a las nuevas exigencias sin comprometer su competitividad y su importante contribución a la economía nacional.
