Puede parecer propio de una película, pero es una realidad que el progreso nos está matando. Las emisiones contaminantes han aumentado de forma alarmante en los últimos años, especialmente en torno a los núcleos más poblados. Prueba de ello es que la Organización Mundial de la Salud (OMS) lanzaba a primeros de año una alarma mundial. Se calcula que, aproximadamente, siete millones de personas en todo el mundo mueren por ls problemas de salud causados por las emisiones.
La principal causa que achaca la OMS está en el tráfico rodado que se acumula en las grandes ciudades: hablamos de Pekín, Nueva York, París y, cómo no, Madrid, entre otras. Capitales que se preparan para tratar de reducir el número de coches que hay en sus calles, aunque para esto sean necesarias medidas que resultan ampliamente impopulares. La última muestra la hemos tenido en la Capital, en donde el Ayuntamiento de Madrid ha estado a un tris de prohibir circular a la mitad de los coches de la ciudad. Algo que nos suena a chino, pero que ya se hace en otras ciudades europeas, no sin protestas como ocurre en España.
“Son medidas necesarias, pero no suficientes. Deben ser introducidas entre la ciudadanía de manera progresiva, porque la gente no está acostumbrada”, admite Juan Bárcena, de Ecologistas en Acción.
“En España en general, y en Madrid en particular, la repercusión de los sistemas de calefacción es baja, porque se ha mejorado mucho en este sentido en los últimos años. Quedan pocos sistemas de combustión de carbón”, confirma el propio Bárcena en este sentido. No así la emisión de centrales térmicas que continúan aportando una nutrida cantidad de contaminantes a la atmósfera.
Los costes sanitarios derivados de la contaminación atmosférica representan el 2,8% del PIB en España
¿Pero en realidad es para tanto? La respuesta es sí. Entre 2008 y 2010, en este caso con cálculos de la Asociación Europea de Medio Ambiente (AEMA), las cifras por daños sanitarios se situarían en una horquilla que oscila de los 20.000 millones a los 60.000 millones de euros anuales. Todas ellas destinadas a prevenir los efectos que pueden provocar más de 400.000 muertes prematuras, que son las que se achacan a la contaminación atmosférica en el Viejo Continente. Y ojo, porque esta cifra resulta complicada de cuantificar.
«ESPAÑA TUVO QUE PAGAR ENTRE 1.200 Y 1.500 MILLONES DE EUROS en la compra de derechos de emisiones EN 2012»
Ahora bien, los gastos sanitarios no son los únicos a los que hay que hacer frente. Son los más importantes, ya que hablamos de vidas humanas, pero también hay otros que se cargan directamente a las arcas del Estado. Es decir, a su bolsillo y al mío. Nos referimos a las emisiones lanzadas por el país que, en caso de sobrepasarse los límites establecidos por la Unión Europea, y por los acuerdos internacionales (a través de Kioto y ahora a través de París)
«En 2004 y 2007 se alcanzaron los valores más altos, superando en más de un 50% la cuota establecida. Es verdad que con la crisis este fenómeno cae, hasta 2013. Sin embargo, en 2014, España vuelve a aumentar su emisión y en 2015 ocurre lo mismo, un 4,2% para este último», explica Javier Andaluz, experto en cambio climático de Ecologistas en Acción.
Es llamativo que la tendencia no cambia su recorrido ascendente, aunque se redujera significativamente durante los años más duros de crisis económica. Pero, superar los niveles de emisión marcados en los distintos tratados internacionales, en este caso el Protocolo de Kioto, le puede salir muy caro al Estado.
La explicación es la siguiente: existe un mercado que comercializa con estos derechos de emisión, intercambiándose entre aquellos países con excedente y los que necesitan adquirirlo por haber superado ya su cupo adjudicado.
«Solo en 2012, España superó en ocho puntos sus emisiones con lo establecido en los protocolos, por lo que tuvo que pagar entre 1.200 y 1.500 millones de euros en la compra de derechos de emisiones», confirma Javier Andaluz, experto en cambio climático de Ecologistas en Acción.
En la actualidad, las empresas comercializan entre ellas el 40% de estos derechos. Mientras que los elementos difusos (transporte, agricultura, edificación…) acaparan el 60% restante. Estos últimos corresponden a los propios países y España, por el momento puede estar tranquila, hasta 2020 no se vuelve a pasar revista.
