«Los incendios se apagan en invierno». La frase no es suya pero en este momento le viene al pelo a José Luis Heredero, portavoz del Comité de Huelga del personal laboral público de extinción y vigilancia, en otras palabras los bomberos forestales fijos discontinuos que han iniciado un paro indefinido para luchar por sus derechos laborales pero, también, para exigir mejores políticas de gestión forestal, prevención y protección de los montes y bosques de la Comunidad de Madrid. Este colectivo reclama formar parte del operativo forestal de prevención durante el invierno, algo que no sólo redundaría en una labor más efectiva en la conservación y mantenimiento de los recursos del bosque, sino que además contribuiría a mejorar su estabilidad profesional y sus condiciones laborales.
En el origen de sus demandas encontramos dos denuncias claras y una reivindicación histórica. Los trabajadores públicos fijos-discontinuos del dispositivo de vigilancia y extinción denuncian lo que consideran una errónea política de prevención de incendios forestales y lo que critican como el «gran negocio» de la «privatización» de «un servicio público tan esencial como es la extinción» desarrollados por el Gobierno de la Comunidad de Madrid, según han explicado a MERCA2 desde el Comité de Huelga.
En cuanto a la reivindicación histórica, estos trabajadores exigen el reconocimiento de la categoría profesional de ‘bombero forestal’, la denominación oficial actual es «técnico de mantenimiento» para el personal que apaga fuegos -bomberos- y «auxiliar de control e información especialidad incendios forestales» para el personal que trabaja en las torres de vigilancia.
Los motivos que han desatado la convocatoria de huelga podrían resumirse en una idea: los bomberos forestales de Comunidad de Madrid que son fijos discontinuos quieren dejar de serlo y trabajar todo el año en prevención y conservación -no sólo seis meses dedicados en exclusiva a la extinción-. «Si profesionales 100% especializados como nosotros, trabajamos en la prevención todo el año, llegado el momento, en caso de incendios conocemos sobre el terreno todas las zonas que hemos estado trabajando en invierno«, potenciando así las labores de limpieza y defensa del patrimonio natural, en primera instancia, y con una actuación más rápida y efectiva en extinción, según ha manifestado Heredero.
No lo ve igual el director general de Emergencias de la CAM, Luis Villarroel que, aunque reconoce legítima la reivindicación de un colectivo de querer trabajar todo el año, en contra de esta demanda alega que «en la Comunidad de Madrid trabajan en prevención y también en extinción todo el año, 400 profesionales de empresas privadas con conocimiento sobrado del terreno».
En referencia a la situación concreta de los bomberos forestales públicos fijos discontinuos, Villarroel ha explicado a MERCA2 que «constituyen un refuerzo al operativo de extinción, que trata de acercar a estos profesionales a las zonas de riesgo», es decir, se les distribuye por miniparques de bomberos que les permiten «llegar de inmediato a la zona afectada por el fuego». Villarroel ha insistido en que el objetivo con el que se contrata a estos profesionales no es la labor de prevención sino «que se centren un un área geográfica pequeña, con el fin de poder dar una respuesta inmediata en extinción».
EL «DERROCHE» EN EXTINCIÓN PRIVADA
Uno de los principales puntos de discordia es la privatización «de un servicio público esencial», ha afirmado el portavoz del Comité de Huelga de los trabajadores públicos. Los bomberos forestales no sólo critican la externalización de un servicio que consideran que por «formación y experiencia» podrían asumir ellos implicando un gasto menor a la Administración, sino que siempre sean las adjudicatarias las dos mismas empresas -Ingeniería Forestal SA (Infosa) y Matinsa (del Grupo FCC)-, según comenta Heredero.
Según recoge el documento de convocatoria de huelga, a la Comunidad de Madrid «no le han interesado realmente las políticas de Prevención de Incendios Forestales», puesto que el “gran negocio” para la Administración es la privatización. «En lugar de invertir en prevención y disponer de más trabajadores en otoño, invierno y primavera, realizando tareas de limpieza del monte, preservación de accesos y puntos de abastecimiento de agua, conocimiento de terreno, etc., opta desde hace años por derrochar en extinción a través de empresas privadas que se responsabilizan de un servicio esencial público«, recoge el escrito.
En este sentido, el director general de Emergencias de la Comunidad de Madrid se aferra al argumento de la transparencia en el proceso de externalización, pero no aclara otros motivos que justifiquen la privatización. «La Administración lleva 20 años licitando la prevención a empresas privadas», ha explicado Villarroel. El responsable de Emergencias de la CAM de la que dependen los trabajadores en huelga se ha referido a una licitación pública «absolutamente regulada» y con «un sistema de contratación muy exigente». En el mismo sentido, Villarroel ha incidido en que el motivo de contratación de estos trabajadores públicos fijos-discontinuos es la extinción, y como refuerzo al operativo «puesto que el grueso de la extinción la Comunidad Autónoma descansa en el cuerpo de bomberos -no forestales-» que ha cifrado en unos 1.100 trabajadores fijos con dedicación exclusiva.
DISCREPANCIAS SOBRE EL MODELO DE GESTIÓN
Las partes enfrentadas en este conflicto tampoco acercan posturas, al menos de momento, en relación al modelo de gestión forestal. Ambas posiciones defienden un cambio de modelo, pero uno basado en potenciar las labores de limpieza y conservación del bosque y otro que no encuentra una solución en el incremento de los recursos en prevención. Los bomberos forestales consideran que el «monte es un polvorín» a causa de la franca regresión en los usos tradicionales del monte (limpieza para leña, pastoreo o aprovechamiento de recursos maderables) y que las labores de limpieza constituyen uno de los pilares básicos de la prevención. Una prevención adecuada no sólo incide en el número de incendios sino en la capacidad de controlarlos y sofocarlos quedándose la mayoría en conato, dada la mayor eficacia de sistemas de extinción en terrenos conservados.
Aunque el director general de Emergencias reconoce que el modelo de uso social y económico del territorio ha cambiado sustancialmente, también considera que «el aumento de los recursos en prevención y extinción, no son la panacea». Con más zonas residenciales que antes se dedicaban al aprovechamiento forestal, ahora hay que potenciar la gestión de la vegetación en zonas aledañas a los núcleos residenciales, carreteras y caminos que antes hacía de forma natural el ganado. En cuanto a reforzar las labores de limpieza, Villarroel apela a los «expertos» que defienden que no se trata tanto de «quitar vegetación» como de intercalar franjas de discontinuidad -cortafuegos- entre zonas con abundancia de «combustible» (natural). El responsable de Emergencias asegura que la solución no está en incrementar recursos en prevención o en extinción, sino en «equilibrar» ambos, para contribuir a conservar la biodiversidad del terrritorio.
Entretanto, y a falta de cerrar el balance definitivo a final de septiembre, el número de incendios forestales se ha duplicado en la Comunidad de Madrid respecto al año pasado, según ha asegurado Villarroel, que achaca el ascenso «a las condiciones climáticas y de vegetación». Miraflores, El Berrueco, Navalafuente, Bustalviejo, Robregordo, o el incendio que afecto a los municipios de Amorós, Cenicientos y Caldaso, han sido de los más importantes registrados durante esta campaña de verano.
