Laura y sus amigos han decidido pasar la Semana Santa en la playa. Son cuatro días para desconectar y volver a la rutina laboral con las pilas cargadas. Los precios de los hoteles, en los que quedan habitaciones disponibles, se escapan de su presupuesto y deciden recurrir a los alquileres de apartamentos.
Como Laura y sus amigos, son muchas las personas, principalmente familias y grupos de amigos, que en sus vacaciones optan por alquilar un apartamento turístico. Sin embargo, esta práctica esconde un lado oscuro.
Hay tantas habitaciones legales como ilegales
Muchos arrendadores se aprovechan de ello y publican sus viviendas para que otros la disfruten, aunque lo hacen de forma ilegal. Según un estudio elaborado por Fevitur, en colaboración con ESADE; la Universidad de Salamanca; y la Universidad de Zaragoza, los alquileres no regulados de apartamentos turísticos provocaron que las arcas públicas dejasen de ingresar 5.300 millones de euros en 2015. Sin embargo, y a pesar de los múltiples informes, no se conoce una cuantía exacta del número de apartamentos turísticos ilegales publicados ni el impacto que éstos generan en la economía. “La cantidad de apartamentos alegales e ilegales que hay es brutal. Los están persiguiendo ahora por todos lados. Qué ocurre, que los datos no son reales, el gasto que hacen no es real, la ocupación no es real”, explica el Presidente de la Asociación de Directivos y Expertos en Empresas Turísticas, Domènec Biosca.
La cifra de apartamentos turísticos no registrados es considerable. Biosca, hace una aproximación, y es que “hay tantas habitaciones legales como habitaciones ilegales” en nuestro país.
Provocó un impacto económico de 5.300 millones de euros
Los problemas que generan este tipo de alojamientos son muchos, aunque el principal afecta a todos los ciudadanos. “Los alquileres no regulados es una fuente de economía sumergida” porque “han criado una gigantesca bolsa de fraude que sigue aumentando”, explica el Secretario General de la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos, Ramón Estalella. Y es que cuando estos alojamientos “no son legales ni están regulados no cumplen ninguna normativa”, añade.
“A final, lo que se está generando es una economía sumergida que no solamente están creando un sistema de competencia desleal sino que no están aportando a las arcas públicas como las demás personas” continúa Estalella. “Nos estamos arriesgando a un modelo que en España supone más del 15% del PIB, es un tema muy serio”.
Regular, no prohibir
Es preciso destacar que no se pide eliminar estos alojamientos, sino contribuir a que paguen. Lo explica el economista Ignacio Ruiz Jarabo, “estamos hablando no de impedir que se produzcan ese tipo de alquileres, no estamos hablando tampoco de encarecer esos alquileres sino que quien obtenga un ingreso por esos alquileres paguen el impuesto que tienen que pagar” ya que estos alquileres “No tiene que ser un freno al desarrollo del turismo”, añade.
Ruiz Jarabo discrepa con algunas zonas que están eliminando este tipo de alojamientos. “Lógicamente, la actividad debería regularse no prohibiéndola como quieren hacer algunas zonas, sino regularlas estableciéndose el marco de relación entre arrendador y arrendatario y, finalmente, someterla a tributación”.
Y es que este último punto es algo en lo que insisten tanto asociaciones como economistas, que los arrendadores paguen los impuestos precisos por este tipo de ingresos. Estalella también comparte la misma opinión y afirma que “aquí nadie está diciendo que no alquilen las casas, pero con una seguridad, una norma, unos impuestos, y pasar a ser una categoría turística”.
Juegan una liga que no existe
Los alquileres no regulados juegan “una liga que no existe, pero sí existe económicamente para algunos”, expone Biosca. Según el Presidente de la Asociación, los apartamentos “tienen que tener una serie de inspecciones, de contrapartidas legales, incluidos impuestos” que aquellos ilegales “no tienen”.
Esto es algo en lo que también insiste Ruiz Jarabo. “En la medida en que esos alquileres no están registrados surgen problemas de garantías para el turista, problemas de que no es una relación regulada” lo que se está llevando a cabo.
Y es que estos apartamentos no poseen un control de calidad y lo que es peor todavía, los arrendatarios no registran a sus clientes. Pero los problemas no terminan ahí, sino que van más allá. Biosca insiste en la necesidad de “organizarlo” todo y que los propietarios legalicen sus establecimientos.
Para que un apartamento sea legal precisa cumplir una serie de reglas. Biosca las nombra, y son “darte de alta en el registro de apartamentos turísticos, cotizar a hacienda, pasar los controles de higiene y calidad, tener documentación y la policía saber quién está hospedado”.
Arrendador, el más beneficiado
Aunque en ocasiones ambas partes salen ganando, el más beneficiado es el arrendador ya que, como manifiesta el economista Ignacio Ruiz Jarabo, “no tiene que pagar impuestos por los ingresos que obtiene”. En ahí donde entra en juego el carácter moral de los arrendadores. “Un arrendamiento que no se declara es una tributación que debería hacerse y no se hace”, añade el economista.
El tema económico es para algunos el principal tema para poner en alquiler un apartamento y alquilarlo. Sin embargo, para otros no. Entre los partidarios de ésto último se encuentra Biosca, quien afirma que el principal motivo para alquilar un apartamento alegal (ojo, que en la mayoría de las ocasiones el inquilino desconoce su legalidad) no siempre es económico, es también un tema de costumbres. Biosca destaca también que “en otros países los alojamientos están reglados”.
el arrendador no paga impuestos por los ingresos obtenidos
Estalella opina lo contrario y culpabiliza de esta práctica y que esté tan solicitada a los bajos precios que ofrecen. “Lo fundamental es el precio y ese precio parte porque, al no tener que cumplir ningún tipo de obligación legal, al no tener que cumplir los costes que tiene que hacer la oferta turística reglada están ofertando un alojamiento por muy poco precio, lo cual crea un grave problema para las administraciones públicas”.
Las plataformas que ofrecen este tipo de alojamiento se defienden alegando que los arrendatarios quieren vivir como un local, algo que Estalella desmiente. “Las plataformas nos dicen que es otro tipo de modelo de negocio porque a las personas les gustan vivir con locales. Eso es falso porque si fuese así la gente querría compartir su tiempo con locales y lo que nosotros sabemos es que más del 95% de los alquileres no son habitaciones en casa compartidas, sino que son apartamentos independientes”.
Los alquileres vacacionales no regulados pueden ocasionar importantes quebraderos de cabeza a los inquilinos, desde estafas a inseguridades y descontrol. Aunque lo más importante es que no sólo perjudican al arrendatario, sino también a toda la sociedad española porque la cuantía que dejan de ingresar las arcas públicas es considerable.
