Ya nos hemos acostumbrado, día tras día se suceden en nuestra televisión -y el resto de medios de comunicación- un sinfín de presuntos casos de corrupción entre las formaciones políticas más importantes de nuestro país, aunque es cierto que esta crisis de reputación afecta a los dos partidos más históricos de nuestra democracia: el Partido Popular(PP) y el Partido Socialista (PSOE).
Es por ello que, unido a una situación de crisis económica, que venimos arrastrando desde años y una deuda desmesurada, los ciudadanos han venido pidiendo, con el paso de los años, mayor transparencia y responsabilidad a los cargos políticos y públicos de nuestro país a la hora de manejar los presupuestos y recursos económicos.
Así, Ciudadanos llevó al Congreso de los Diputados en el mes de septiembre una Proposición de Ley, llamada de la transparencia y la Lucha contra la Corrupción, y que -como es lógico y se puede observar en el link anterior- quedó registrada en la base de datos de la Cámara Baja.
Sin embargo, no todo son buenas noticias. Desde la delegación española de Transparencia Internacional observan que a propuesta adolece de algunas lagunas en su planteamiento, aunque «la valoran de manera positiva». En cualquier caso, se han decidido a enumerar estas faltas, que consideran deberían cambiarse, según su actividad histórica en esta cuestión.
«Se considera negativo, o insuficiente, que se provea al denunciante solo de asesoramiento jurídico y no de representación legal»; admite TI, ya que desde su perspectiva, el acusante debería contar con todas las garantías posibles por si su actuación deriva en procesos judiciales costosos.
Valoran, por otro lado, que «otra cuestión que puede afectar a la viabilidad de las denuncias es la imposición de requisitos estrictos para su admisión«, ya que la propuesta enviada pediría pruebas documentales y testadas de los delitos a aquellos que van a denunciar una mala praxis.
Por su parte, desde TI valorarían de manera especialmente positiva una mención especial a aquellos denunciantes que no provengan del mismo sector público. Es decir, las empresas que operan en nuestro país, lo que se traduce en ampliar la legislación a este sector.
«Algunos de los casos más flagrantes de corrupción surgieron dentro del ámbito privado»
Por otro lado, proponen desde la entidad internacional mejorar los estándares éticos del equipo de miembros que forma la administración pública española; sobre todo a través de programas formativos; y la revisión del régimen de regulación de las sociedades públicas y de las normas de conflicto de interés.
Los aspectos a destacar
Desde TI valoran de manera especialmente positiva que se mantenga el anonimato y confidencialidad de los denunciantes; a través de varias medidas, como la que somete al deber de secreto en sus actuaciones a las personas participantes en el proceso. También se le ofrece al mismo medidas de protección.
Y es que, velar por la seguridad de este posible denunciante se ha convertido en uno de los ejes centrales de esta proposición de ley. De hecho, también se legisla sobre la posibilidad de trasladar al mismo a otro puesto de trabajo durante este periodo, para garantizar su bienestar.
La metamorfosis de los partidos políticos a agencias de empleo
Así mismo, ponen especial énfasis en el acierto de fijar un plazo máximo para la resolución de la denuncia, que por otro lado cuenta con posibilidad de ampliación en algunos casos justificados.
Se destaca la posibilidad de que la autoridad pública acuerde la imposición de multas coercitivas reiterables para garantizarse la colaboración de quien sea necesario: “En muchas ocasiones, los diversos organismos de supervisión y control existentes, ven limitado su acción por encontrarse su autoridad reducida”, aseguran.
