En un caso que ha captado la atención de la industria y del público en general, la Fiscalía Anticorrupción de España ha solicitado una multa de 160 millones de euros para la compañía Duro Felguera y para dos de sus expresidentes. Esta acción se enmarca en la investigación abierta en la Audiencia Nacional sobre presuntos sobornos realizados para la construcción de una central termoeléctrica en Venezuela.
El escrito de acusación, al que ha tenido acceso Europa Press, detalla los hallazgos de los fiscales José Grinda y Juan José Rosa. Según el documento, los fiscales solicitan además penas de prisión para varios de los acusados, incluyendo 8 años y 9 meses para el exviceministro venezolano Nervis Villalobos, y de 10 años y 4 meses para los expresidentes del grupo español Ángel Antonio del Valle y Juan Carlos Torres.
Presuntos Sobornos para la Construcción de una Central Termoeléctrica en Venezuela
Los hechos investigados se remontan al año 2009, cuando Venezuela enfrentó una grave crisis energética que llevó a la decisión de construir la central termoeléctrica «Planta El Sitio» en el estado de Miranda. Según la Fiscalía, para la adjudicación de esta obra, el entonces ministro de Energía Eléctrica, Rafael Ramírez, consiguió que se designara a la empresa española Duro Felguera. A cambio, esta compañía se comprometió a realizar varios pagos de dinero a funcionarios públicos venezolanos que determinaron dicha adjudicación, siendo Ángel Antonio del Valle y Juan Carlos Torres quienes, en nombre de Duro Felguera, decidieron dichos pagos.
Para encubrir estos presuntos sobornos, Duro Felguera, actuando como UTE Termocentro, firmó «una serie de contratos con entidades y personas venezolanas que tenían por objeto encubrir el pago de comisiones o sobornos a funcionarios públicos venezolanos, para que se favorecieran los intereses de dicha mercantil». Según los fiscales, se pagaron al menos 105,6 millones de dólares a Villalobos a través de «sociedades interpuestas» para que éste usara su influencia en la administración venezolana en beneficio de Duro Felguera.
Colaboración de Uno de los Acusados y Posibles Sanciones
Cabe destacar que durante la investigación, uno de los exviceministros venezolanos procesados, Javier Ochoa Alvarado, «ha tenido un comportamiento de activa y eficaz colaboración con la Administración de Justicia», reconociendo los hechos y aportando datos que han permitido esclarecer los hechos investigados y las personas responsables. Por ello, los fiscales señalan que se le deben aplicar atenuantes, solicitando para él una pena de 3 meses de cárcel y una multa de 1,6 millones de euros.
Por otro lado, Anticorrupción pide que tanto la empresa Duro Felguera como los dos exdirectivos sean inhabilitados para obtener subvenciones y ayudas públicas, para contratar con el sector público y para gozar de beneficios e incentivos fiscales o de la Seguridad Social durante 2 años. Además, se solicitan penas de prisión y multas para otros acusados, como María Consuelo Pardí y Milagros Coromoto Torres.
Duro Felguera, por su parte, ha negado que existan indicios de que la compañía haya actuado de manera inadecuada o contraria a las normas legales. La empresa asegura que «no existe elemento, constancia, evidencia o indicio alguno de que Duro Felguera sea responsable de hecho delictivo alguno», y que sus actuaciones «encuentran fundamento en compromisos contractuales perfectamente legales y de conformidad con la regulación legal y corporativa que fuera de aplicación».
