Como dos atalayas ya olvidadas, gobernando el Mediterráneo desde una posición privilegiada, se alzan los esqueletos de hormigón de lo que debía ser uno de los complejos elitistas (obra de Metrovacesa) de Marbella, Le Mirage. En ellos, ya no hay actividad constructora ni obreros al sol, así lleva más de un mes, sino que estos han sido sustituidos por distintos guardias jurados que custodian la obra noche y día para evitar que se lleven los materiales. Lo curioso, también lo trágico, es que no son simples ladrones los que desean arramplar con dichos instrumentos, sino sus legítimos propietarios.
Así ha sido la perversa evolución que ha tenido el que debía de ser uno de los proyectos con más solera de la promotora tras la quiebra de su constructora, Teginser. La misma suerte ha corrido Vía Célere con su desarrollo en Mijas. La razón es que las subcontratas (cerca de una treintena) que a su vez servían de materiales y mano de obra a la misma llevan varios meses sin recibir sus pagos, las cuentas están bloqueadas y no se aceptan los pagarés emitidos anteriormente, debido a que la empresa cordobesa entró en preconcurso de acreedores el pasado mes de julio. «Nos han negado hasta el acceso para poder retirar hasta nuestros materiales», se quejan amargamente desde una de las compañías implicadas.
En total, entre Metrovacesa y Vía Célere adeudan a dichas compañías, dado que éstas son responsables en última instancia de todo lo que tiene que ver con dichas obras, más de tres millones de euros. Una cantidad qué si bien no es excesiva para ambas promotoras, la primera está controlada en una gran parte por los dos grandes bancos españoles y la segunda por uno de los mayores fondos de inversión del mundo, hace un auténtico roto a un gran número de pequeñas empresas y a unas 400 familias que viven del sector de la construcción. Hasta el punto de que han formado una plataforma de afectados y que reivindican que «nos está ocasionando un muy grave perjuicio económico y prácticamente insostenible en algunos casos».
Por su parte, ambas compañías han optado por mirar a otro sitio y dejar sin una respuesta convincente a las 25 empresas a las que se las adeuda dinero por las promociones que en algún caso han vendido prácticamente. «Seguimos esperando con mano tendida y la máxima colaboración, como así se lo hemos transmitido, un gesto de buena voluntad de las promotoras para llegar a un acuerdo que beneficie a ambos y las obras puedan reanudarse”, explican desde la Plataforma. Aunque dicho acto de buena fe no ha llegado, «simplemente se han dado largas» señalan fuentes cercanas a las negociaciones entre ambas partes. Una posición que no comparten las promotoras, de hecho desde Metrovacesa se explica que «cualquier petición recibida será estudiada en detalle y de manera conjunta», y que con ello «reitera así su compromiso por garantizar el cumplimiento de todas sus obligaciones legales”.
Aunque a lo largo de las distintas reuniones que ya han mantenido Metrovacesa y las empresas en cuestión, la promotora se ha excusado en que el importe que adeuda lo ha depositado en una cuenta corriente en una notaría en Madrid en forma de pago para Teginser. Una solución que obviamente no satisface a las subcontratas, ya que el dinero está bloqueado y «lo único que se persigue es dilatar la solución hasta que Teginser formalice el concurso de acreedores, que será entonces cuando nos dirán que no nos pueden pagar«, alertan desde dichas compañías.
LAS SUBCONTRATAS APUESTAN POR LA VÍA JUDICIAL Y LA MOVILIZACIÓN
Una jugada, la de la promotora, poco lícita (deja en el aire la situación de 25 empresas y 400 familias) pero rentable económicamente para ella, dado que una parte importante de la cantidad se le devolverá (en concepto de sanción por incumplimiento de prácticas) y con lo que sobre (pueden ser una cantidad grande) poner en marcha de nuevo el proyecto y asumir los sobrecostes. Aunque no todo está dicho, puesto que la plataforma de afectados pretende ampararse la ley: en el artículo 1.597 del código civil llamado ‘acción directa’, que obliga al promotor como responsable solidario a hacer frente a los pagos, máxime cuando realmente la deuda de la promotora con la constructora existe.
Por el momento, algunas de las empresas en cuestión ya han presentado su correspondiente denuncia, mientras que también amenazan con movilizaciones masivas que supongan un impedimento en la reanudación de las obras extendiendo los plazos, ya de por sí bastantes justos, que Metrovacesa y Vía Célere tienen firmados con sus clientes. «La situación desesperada en la que han quedado algunas empresas, no garantiza la continuidad de las obras y las movilizaciones serán masivas para reclamar nuestro derecho a cobrar», advierten a ambas constructoras.
