La formación política Sumar ha presentado una proposición no de ley en el Congreso de los Diputados para implementar un sistema efectivo de prohibiciones de contratar con la Administración. El objetivo es impedir que empresas condenadas por corrupción o que hayan cometido delitos e infracciones administrativas puedan acceder a contratos públicos.
Un sistema ineficaz que deja la puerta abierta a la corrupción
La ley actual de Contratos del Sector Público ya contempla la exclusión de entidades que incurran en delitos como terrorismo, asociación ilícita, financiación ilegal de partidos políticos o trata de seres humanos. Sin embargo, Sumar considera que el sistema actual es ineficaz y no impide realmente que empresas corruptas obtengan contratos públicos.
El problema radica en que las sanciones deben ser firmes, las sentencias deben contemplar expresamente la prohibición de contratar y los procedimientos de revisión son complejos. Estos obstáculos hacen que la existencia de empresas en situación de prohibición de contratar sea prácticamente nula.
Reformar el sistema para una mayor transparencia y eficacia
Sumar argumenta que es imprescindible reformar el sistema para dotarlo de agilidad, eficiencia, transparencia y eficacia. La propuesta de la formación política incluye modificaciones en la Ley de Contratos del Sector Público para garantizar una verdadera aplicación de criterios sociales, ambientales, laborales y de derechos humanos en la contratación pública.
La idea es que estos criterios tengan un verdadero impacto en la transformación de la realidad social y del tejido socioeconómico. También se busca ampliar los supuestos y mejorar las posibilidades para que las entidades de la economía social se incorporen al mercado de la contratación pública.
Más transparencia y flexibilidad en la contratación pública
Sumar propone la elaboración de un reglamento de desarrollo de la Ley 9/2017 que establezca criterios claros y objetivos para la valoración de las ofertas. El objetivo es evitar la distorsión en la ponderación de los criterios de adjudicación y garantizar que se refleje adecuadamente la relación calidad-precio.
La formación política también propone flexibilizar la revisión y actualización de los precios de los contratos, adaptándolos a circunstancias como la inflación, la subida del SMI u otros factores. Esto garantiza la viabilidad económica de las empresas adjudicatarias, especialmente para las pequeñas y medianas empresas.
La propuesta de Sumar busca modernizar el sistema de contratación pública para que sea más transparente, eficiente y justo. Se trata de un paso fundamental para combatir la corrupción y promover una economía más sostenible y ética.
