El juez Manuel García Castellón, que investiga el caso Púnica sobre la presunta financiación del Partido Popular, ha decidido imputar en el mismo a la empresa Indra. El magistrado comunicará a la compañía su nueva situación en el mes de septiembre.
De esta manera, la empresa se convertirá en la segunda compañía del Ibex que resulta imputada como persona jurídica. Esta fue una posibilidad abierta con un cambio en el Código Penal en 2010. A partir de ese momento se puede exigir responsabilidad penal a las empresas independientemente del que pudieran tener sus directivos o empleados. Antes que Indra en el caso Púnica, el BBVA fue imputado, en esta ocasión en el caso Villarejo, el pasado 30 de julio.
La Fiscalía Anticorrupción había solicitado la imputación de Indra en el caso Púnica junto con el que fuera su máximo directivo, Javier Monzón. En el terreno político, la Fiscalía solicitó igualmente la imputación de las expresidentas de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre y Cristina Cifuentes, al igual que el también expresidente Ignacio González.
La empresa tendrá que designar una persona para que declare en su nombre y responda a las preguntas relativas a la investigación sobre la presunta financiación de las campañas electorales del Partido Popular. La Guardia Civil sostiene en un informe que Indra habría pagado 566.497 euros.
El pago se habría realizado, según la Guardia Civil, a través de empresas relacionadas con los gastos de campaña del Partido Popular. Indra habría pagado a estas empresas por servicios que realmente no recibió. Los pagos se habrían realizado a petición de dirigentes del Partido Popular. La declaración como investigado (antes llamada imputación) no implica la acusación sobre los delitos que se investigan.
Estos hechos no alcanzan al periodo en el que la empresa ha sido presidida por el actual presidente, Fernando Abril-Martorell, que llegó a este puesto en enero de 2015. La compañía ha colaborado en todo momento con la investigación del caso.
INDRA Y LAS CUENTAS DEL PP
El informe de la Guardia Civil señaló en su momento que los fondos que aportó Indra fueron sirvieron para pagar los trabajos que otras empresas realizaron para el Partido Popular. Según la investigación el expresidente de la comunidad de Madrid, Ignacio González, habría pedido presuntamente un millón de euros para sanear las cuentas del partido al consejero delegado de la Agencia para la Informática de la Comunidad de Madrid, José Martínez Nicolás. Esta agencia (conocida bajo las siglas ICM) habría contratado a empresas para mejorar la reputación digital de dirigentes del Partido Popular madrileño.
Así, por ejemplo, Indra habría contratado a la empresa Formaselect para realizar trabajos de formación y los fondos con los que se pagaron estos servicios fueron transferidos a otras empresas que prestaban servicios al Partido Popular, como Swat.
El informe de la Guardia Civil señala que tanto Esperanza Aguirre como sus sucesores, Ignacio González y Cristina Cifuentes, participaron en reuniones con esta empresa, tanto en la sede de la presidencia de la comunidad de Madrid como en la de la propia compañía.
Indra también se vio salpicada en el caso Púnica por la contratación de la empresa Eico, que realizaba también trabajos relacionados con la reputación en redes sociales, por petición de la agencia pública ICM. Eico era una de las sociedades de Alejandro de Pedro, uno de los principales protagonistas del caso Púnica.
El caso estalló con una operación policial en la que fueron detenidas 51 personas en octubre de 2014. En aquel momento, el principal político implicado era Francisco Granados, mano derecha de Esperanza Aguirre en la comunidad de Madrid, donde llegó a ser consejero de Presidencia, Justicia e Interior.
Desde enero de 2015 Fernando Abril-Martorell preside Indra en sustitución de Javier Monzón. El que fuera consejero delegado de Indra, Javier de Andrés, imputado en el caso Púnica, abandonó la compañía en diciembre de 2017.
Además de las imputaciones, la Fiscalía Anticorrupción ha pedido al juez Manuel García Castellón la reordenación de las piezas del caso Púnica. El ministerio público pretende que pasen de 16 a 11. La instrucción debería terminar en junio del año que viene.
