La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) no ve «presiones políticas» en la operación entre BBVA y Banco Sabadell a pesar de la fuerte reacción del Gobierno a impedir la opa a cualquier precio. Así se ha mostrado Cani Fernández, presidenta del organismo encargado de la vigilancia de la competencia de los mercados en el marco de la segunda jornada del curso de verano de la Asociación de Periodistas de Información Económica (APIE), que se celebra en Santander (Cantabria), del que informa MERCA2 in situ.
Cani Fernández ha instado a los actores y protagonistas de la operación entre BBVA y Banco Sabadell a mantener la independencia de la CNMC, que debe emitir su informe sobre la operación. Para ello, tiene tres meses, siempre y cuando no existan requerimientos adicionales de información. Este organismo tiene los tiempos muy marcados e incluso su dictamen podría darse a conocer meses después del de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), que deberá responder a la opa en menos de 90 días.
Fernández ha afirmado que no recibe presiones políticas ni tampoco conoce trabas en ese sentido para dar al traste con la operación. «No sé si las habrá», ha destacado. Todo mientras se suceden los análisis exhaustivos para conocer las implicaciones en el sector bancario de la operación. De esta forma, la CNMC podría tardar más de los ocho meses que tardó con la operación entre Bankia y CaixaBank.
Y es que, a diferencia de la anterior operación, la opa de BBVA a Banco Sabadell se considera hostil. Por esta razón, los accionistas actuales de Banco Sabadell podrían llegar a aceptar la operación y el vigía de la competencia en los mercados aún no tendría listo su dictamen. Esta declaración contrasta con el optimismo mostrado por el presidente de BBVA, Carlos Torres Vila, quien espera que los organismos y reguladores tarden un máximo de entre tres y cuatro meses en tener listas las conclusiones.
BBVA PODRÍA RECHAZAR LA COMPRA
De hecho, BBVA podría rechazar la operación si la CNMC no se ha pronunciado o bien exigen nuevas condiciones que la hagan inviable. De hecho, la CNMV debe esperar al Banco Central Europeo antes de analizar la opa, mientras la CNMC hará lo propio en paralelo. Ninguno de los dos guardianes estará condicionado por el otro al actuar de forma independiente. En BBVA esperan que la operación tenga luz verde en todo caso.
Pese a que el reloj corre rápidamente, Fernández irá valorando todas y cada una de las variables en los que podría haber un conflicto para la competencia. La CNMC ha pedido información a BBVA, así como a Banco Sabadell, desde el pasado 31 de mayo con el objetivo de conocer los posibles solapamientos en la competencia. Para ello, se mirará con lupa y se pondrá el «zoom» a cada «código postal». El objetivo es dar respuesta a los posibles problemas derivados en caso de producirse la fusión. Así, por ejemplo, si BBVA y Banco Sabadell tuvieran una posición de dominio en un código postal se emplazaría a realizar desinversiones en la zona y se invitaría a una tercera entidad financiera a quedarse con parte de ese pastel.
POSIBLES PROBLEMAS Y CONDICIONES A LA OPERACIÓN
Cani Fernández busca así no solo detectar los problemas que aparezcan, sino también darles solución puntual a cada uno de ellos. No es la primera fusión en el sector que afronta la presidenta de la CNMC durante su mandato y se dar por hecho que tendrá que imponer condiciones similares a las que tuvieron que satisfacer Bankia y CaixaBank.
Además de mirar distrito por distrito y municipio por municipio, la CNMC mirará también las barreras y problemas que surjan entre los distintos productos que vendan ambas entidades financieras, así como los depósitos. En definitiva, «verificar los factores estructurales» del negocio de BBVA y de Banco Sabadell por separado y una vez fusionados.
La ley de Competencia fija los tiempos y cómo se deben realizar los análisis en la concentración de empresas en un mismo sector. Así, señala que el estudio de la CNMC se debe desarrollar en dos fases. La primera de ellas durará el máximo de un mes, teniendo en cuenta todas las operaciones notificadas y el Consejo decidirá si la operación notificada debe ser archivada o si es susceptible de ser autorizada -con o sin compromisos-. En este sentido, existen diferencias entre los determinados compromisos -soluciones aportadas por las actoras en la operación para solucionar un posible problema de competencia- o bien condiciones, que son puestas por la CNMC y de obligado cumplimiento.
DOS FASES CLAVE FIJADAS POR LEY
Cabe señalar que el plazo de un mes puede extenderse en cada petición de información adicional. Además, una vez terminada la fase I comenzaría un período de tres meses para el análisis profundo de los problemas de competencia. En este sentido, se podría requerir la información a terceros interesados.
En la primera fase, que durará un máximo de un mes, se analizarán todas las operaciones notificadas y el Consejo decidirá si la operación notificada debe ser archivada, si es susceptible de ser autorizada (con o sin compromisos) o, si por el contrario, la concentración requiere ser analizada más detalladamente por los problemas de competencia que pueda generar, lo que dará paso a segunda fase del procedimiento, en la que ya se prevé la participación de terceros interesados.
En este análisis se elevará la propuesta para su autorización con compromisos o condiciones con el fin de dar esa respuesta a los problemas de competencia. «En caso de que no existan compromisos o condiciones que permitan resolver los problemas de competencia identificados, podemos prohibir la concentración», ha señalado. En caso de no aceptar las condiciones impuestas por el vigía de los mercados, las partes podrían abandonar la operación al no aceptar las nuevas cláusulas.
SIN DISCRECIONALIDAD, SEGÚN LA CNMC
Cabe señalar que la decisión de la CNMC no es vinculante para el Gobierno, más cuando tiene derecho a veto al invocar el interés general. «No creo que haya discrecionalidad», ha considerado la presidenta de la CNMC, quien ha añadido que hay una fase que no está estrictamente basada en objetivos de competencia, pero que se reconocen por ley otros objetivos que son los de la tercera fase».
El Gobierno de Pedro Sánchez podría entrar en esa fase, siempre y cuando se den las condiciones recogidas por la ley para motivar su decisión. «Estos criterios están bien definidos en la ley», ha recordado Fernández, quien espera que se cumpla la ley y sus procedimientos.
