La creciente preocupación por la ocupación ilegal de viviendas ha llevado al Congreso a tomar medidas concretas para abordar este problema. En un esfuerzo por equilibrar los derechos de los propietarios legítimos y garantizar la estabilidad de las comunidades, se han aprobado iniciativas clave que buscan fortalecer la lucha contra este fenómeno.
El Congreso ha dado un paso importante al aprobar iniciativas que buscan fortalecer la lucha contra la ocupación ilegal de viviendas, proteger los derechos de los propietarios legítimos y promover soluciones que fomenten la estabilidad comunitaria. Estos esfuerzos reflejan la creciente prioridad que se le otorga a este tema en la agenda política de vivienda.
Dotar a los Municipios de Herramientas para Declarar Zonas Tensionadas
El PSOE ha rechazado una propuesta de Sumar que buscaba otorgar a las entidades locales la capacidad de declarar una zona de mercado de vivienda como «tensionada». Esta medida habría permitido a los municipios aplicar el tope al precio del alquiler, incluso si la comunidad autónoma no lo hubiera hecho.
Si bien el PSOE propuso una enmienda transaccional para instar a las autonomías a tomar esta acción, Sumar optó por mantener su propuesta original, considerando que actualmente existe una «dependencia de la voluntad política» de cada región.
Lucha Contundente Contra la Ocupación Ilegal
Por otro lado, el Congreso ha aprobado varias iniciativas del PP, con el apoyo de Vox, para abordar la ocupación ilegal de viviendas. Estas medidas instan al Gobierno a «luchar contundentemente contra la ocupación ilegal», especialmente contra las mafias organizadas que la promueven, y a derogar «toda normativa que la ampare, evitando la alarma social que provoca este fenómeno».
Además, se hace énfasis en la necesidad de defender a los «legítimos propietarios«, reconociendo que la vivienda es la «hucha de las familias» y que el alquiler representa un «complemento a sus ingresos».
Otra iniciativa aprobada tiene como objetivo «dejar sin efecto la vigente suspensión de desahucios y lanzamientos», a pesar de que recientemente se había aprobado por unanimidad la prórroga de la suspensión de desahucios hipotecarios para personas vulnerables hasta 2028. Esta medida busca equilibrar los derechos de los propietarios y garantizar la convivencia vecinal pacífica y respetuosa.
